Cortes Valencianas rechazan el indulto de políticos y la financiación ilegal

  • Las Cortes Valencianas han acordado hoy instar al Gobierno central a no indultar a ningún político condenado por delitos contra la administración o la hacienda pública, y manifestar su repulsa a los partidos que se financian ilegalmente y admiten sobornos de empresas a través de donaciones ilegales.

Valencia, 24 sep.- Las Cortes Valencianas han acordado hoy instar al Gobierno central a no indultar a ningún político condenado por delitos contra la administración o la hacienda pública, y manifestar su repulsa a los partidos que se financian ilegalmente y admiten sobornos de empresas a través de donaciones ilegales.

El pleno del Parlamento valenciano ha debatido durante nueve horas las 506 propuestas presentadas en el debate sobre el estado de la Comunitat, en el que además de las 51 del Partido Popular se han aprobado -de forma directa o con otra redacción- una treintena de propuestas de la oposición con al apoyo del PP.

Entre las iniciativas de la oposición a las que el PP ha sumado su voto figura una que pide al Gobierno que no indulte "políticos corruptos", aunque los populares han rechazado instar al Consell a pronunciarse expresamente contra el indulto a Carlos Fabra y comprometerse a no apoyar indultos de cargos públicos condenados por corrupción.

La oposición había reclamado que se rechazara "con nombres y apellidos" la petición de indulto del expresidente de la Diputación de Castellón que a su juicio simboliza "la prepotencia, el caciquismo y la mafia", para además no dejar esa "vía abierta para futuros condenados del PP".

Además, se ha aprobado instar al Consell a garantizar el acceso de la Fiscalía Anticorrupción a toda la documentación pública; a atender todos los mandatos legales que obliguen a facilitar información o documentación a los diputados, y a no borrar datos de ordenadores de la Generalitat que eliminen el rastro de la gestión.

También se ha pedido al Gobierno valenciano que acuerde de forma inmediata el cese definitivo y el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor, y que garantice la gratuidad del transporte escolar a centros públicos cuando el alumnado se vea obligado a desplazarse de la población donde reside.

En materia de financiación autonómica, el PP ha permitido la aprobación de una propuesta de Compromís para solicitar al presidente del Gobierno que "ponga fin a la discriminación" de esta tierra en las inversiones del Estado, que deben adecuarse a la población y aportación al PIB, y diseñe un plan de retorno de la deuda histórica.

No obstante, los populares han rechazado que la Generalitat emprenda acciones legales para solicitar una compensación por el déficit de financiación estatal acumulado respecto a la media por habitante, y que pida una moratoria en el pago de intereses de los préstamos del Estado.

La diputada del PP María José García Herrero ha manifestado que cuando las propuestas de la oposición tienen "consistencia y contenido" no tienen "ningún problema" en aceptarlas, al contrario de lo que pasa con las que "buscan el lío", y ha defendido que el Consell trabaja "con transparencia y honestidad todos los días".

Tampoco han prosperado las peticiones de la oposición de hacer dimitir a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; reprobar al exconseller Rafael Blasco y al presidente de Les Corts, Juan Cotino; investigar los sobrecostes en Feria Valencia, paralizar la liquidación de Radiotelevisión Valenciana o crear una Oficina antifraude.

Las iniciativas del PP apoyan que se reduzcan las subvenciones electorales y los días de campaña, instan al Gobierno a cumplir el calendario de obras del Corredor Mediterráneo, insisten en la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y reconocen que la denominación "idioma valenciano" es la más adecuada al marco institucional.

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