Toledo, 23 nov.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido a las Cortes un proyecto de ley que permitirá la concesión de suplementos de crédito por importe de 1.534 millones de euros para poder atender a obligaciones de pago de diferentes consejerías, pues el presupuesto en vigor no las recogía.
Con este proyecto de ley, calificado ayer por la Mesa de las Cortes, el Gobierno de María Dolores de Cospedal pretende dar cobertura presupuestaria a obligaciones "ineludibles" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "que no han sido convenientemente reflejadas en los presupuestos", por lo que considera que la concesión de estos suplementos de crédito "resulta de extraordinaria y urgente necesidad".
El consejero de Economía y Hacienda, Diego Valle, ha explicado a los periodistas que esta ampliación crediticia se financiará mediante deuda pública a largo plazo cuando reciba el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No obstante, ha expuesto que la medida ha sido acordada con el Ministerio de Economía y Hacienda "para ir juntos" ante las agencias de calificación crediticia.
La ley faculta, con carácter excepcional, al consejero de Economía y Hacienda para autorizar cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias hasta el final del ejercicio 2011.
La mayor parte de los suplementos de crédito irán destinados al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que necesita 1.320 millones de euros, pues hay "insuficiencias de crédito para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario de los centros sanitarios de la región entre los que destacan los correspondientes a productos farmacéuticos de uso hospitalario".
El Gobierno, para justificar su decisión, expone que existen desequilibrios entre el coste real de las plantillas de cinco consejerías y el dinero presupuestado para pagarlo.
Pero, además, se necesitan 4,7 millones de euros para atender a personas discapacitadas, 2,2 millones para atender a mayores y más de 5 millones en infraestructuras sanitarias, asistenciales y sociales; y la gestión de plazas residenciales.
En el apartado de Economía, se deben pagar 33 millones de euros en subvenciones a la inversión y competitividad procedentes de años anteriores y "que no fueron debidamente contabilizados en su momento", además de 6 millones al Consorcio de la ciudad de Cuenca.
En la Consejería de Educación se ampliará el presupuesto en más de 56 millones de euros para pagar nóminas, pero hace falta dinero incluso para pagar el alquiler de los ordenadores personales utilizados por el profesorado de los centros educativos, además de compromisos con empresas públicas y con la Universidad de Castilla-La Mancha pendientes de ejercicios anteriores.
En la Consejería de Fomento es preciso incrementar en 27 millones el crédito destinado a infraestructuras y bienes de uso general, para acometer el incremento del gasto derivado de la revisión de precios de contratos de obra ya firmados.
También se amplía en 25 millones el presupuesto para las ayuda a la adquisición y compra de vivienda.
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