Crimen de Polop: grabaciones, una trama urbanística y un sórdido club de alterne

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El 19 de octubre de 2007, el alcalde de Polop (PP), Alejandro Ponsoda, fue tiroteado en el vehículo que conducía a su llegada a su domicilio, situado en la pedanía de Xirles, y falleció ocho días después en el Hospital General de Alicante a consecuencia de las heridas ocasionadas por uno de los tres disparos recibidos: un impacto de una bala que quedó alojada en la cabeza.

Este martes se ha iniciado el juicio con jurado popular por el asesinato, con las cuestiones previas y la lectura de los informes de las partes más de doce años después del crimen, que se cree fue urdido en las estancias del club de alterne Mesalina, cuyo dueño también se sienta en el banquillo.

El abogado de la acusación particular por la familia de Alejandro Ponsoda en el juicio sobre su asesinato, Vicente Guerri, ha sostenido que el crimen estuvo motivado por "la ambición personal de Juan Cano", su sucesor en la alcaldía y al que se cree el presunto cabecilla de la trama.

Antes del inicio del juicio a las puertas de la Audiencia Provincial de Alicante, el letrado también ha apuntado a la obsesión que los acusados sentían respecto al alcalde de Polop y ha incidido en que Cano pudo urdir la muerte de Ponsoda "por cuestiones urbanísticas". Ha recordado que Cano quedó apeado de las listas electorales en las municipales de 2003 "a raíz de unas grabaciones sobre unos presuntos sobornos" y ha incidido en que su objetivo era volver al ayuntamiento.

El abogado se ha referido a la supuesta motivación del empresario Salvador G.R. para participar en la trama, sobre quien ha sostenido que "decía que (Ponsoda) quería cerrarle un negocio que tenía, en el que había invertido y que perdía mucho dinero". Guerri ha señalado que su posición será similar a la defendida por la fiscalía, sobre la base de los testimonios recabados en sede judicial durante la instrucción de la causa.

En relación a las negaciones sobre el relato de los hechos mantenida por los acusados, el letrado de la acusación ha insistido en que "existen muchas contradicciones entre todos ellos", hasta el punto de que "entre ellos mismos se acusan".

El juicio se dirige contra siete acusados: el referido Juan Cano, Salvador G.R., el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina y los tres presuntos sicarios contratados para disparar a Ponsoda (Raul M., Radim R, y Robert F). La Fiscalía pide para todos ellos penas de 25 años de prisión por un delito de asesinato y para los tres sicarios solicita dos años adicionales por tenencia ilícita de armas.

La defensa de Cano rechaza el móvil

Por su parte, el abogado de Juan Cano, ha afirmado que su defendido es inocente y ha rechazado que le pudieran haber motivado "intereses urbanísticos" en una supuesta rivalidad con la víctima. En su turno de palabra ante el jurado popular de la Audiencia Provincial de Alicante, el abogado de Cano, Javier Boix, ha sostenido que su representado es "claramente inocente" y que es "falso que indujera hacer daño alguno a Ponsoda" y que "fuera un rival político".

También ha insistido en que es "falso que le movieran intereses urbanísticos" y ha asegurado que ambos pertenecían a la misma facción del partido político, el PP. Del mismo modo ha dicho que años antes, en 2003, Cano había sido relegado en la candidatura municipal por la denuncia de un supuesto soborno, en una decisión que no adoptó Ponsoda, sino la dirección provincial de los populares.

Según este abogado, es mentira que fueran malas las relaciones personales entre Cano y Ponsoda, y ha puesto en duda la investigación policial, al creer que "ha dado bastantes tumbos".

Además, ha descalificado al testigo protegido sobre el que se basan las acusaciones al calificarlo de personaje "sórdido" y "de película" y ha añadido que su testimonio ha podido surgir para "arreglar algún asunto" con tres declaraciones en distintos momentos de la instrucción "que no coinciden".