Quito, 5 abr.- Una ONG ha pedido a la Contraloría de Ecuador que investigue si el ex juez Baltasar Garzón ha recibido remuneración como veedor de la reforma judicial del país, según informó a Efe, lo que se añade a una demanda presentada anteriormente por el mismo motivo, mientras él niega la imputación.
Xavier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana, la organización no gubernamental, dijo sospechar que parte del dinero asignado por el Ministerio de Justicia a dos veedurías, una internacional presidida por Garzón y otra nacional, pudo haberse desviado para el pago de honorarios, lo que, según él, supondría un delito de peculado o malversación de fondos públicos.
Las veedurías, que tienen como finalidad supervisar la reforma del sistema judicial del país, dependen administrativamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano ciudadano de auditoría.
Fernando Cedeño, su vicepresidente, negó que Garzón o los otros veedores hayan cobrado por su trabajo, aunque en el caso de los extranjeros sí se les pagan los viajes y el alojamiento.
Además, precisó a Efe que sólo recibe salario un equipo técnico de ocho personas, cuya misión es ayudar a los expertos internacionales.
Garzón ha viajado en los últimos meses cuatro veces a Ecuador, donde se ha reunido con parlamentarios, expertos y representantes de ONGs y del Gobierno para elaborar un informe sobre la reforma de la justicia que se realiza actualmente en el país, tras ser aprobada por referendo en 2011.
En su última visita, el mes pasado, Garzón, que se hizo famoso a nivel internacional por procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, aseguró que no ha cobrado ni honorarios ni viáticos, en respuesta a la demanda presentada contra él por dos asociaciones de abogados de Ecuador.
Cedeño explicó que el CPCCS no contaba con dinero suficiente para cubrir los gastos de la veeduría internacional y pagar al equipo técnico, por lo que el ministerio de Justicia asignó a esta institución 555.000 dólares para estos fines, de los cuales, por el momento, ha transferido unos 373.000 dólares.
"Ese es el único dinero que tenemos, que lo gastamos para el trabajo del equipo técnico de apoyo y por las visitas de la veeduría internacional", señaló.
Por su parte, Buendía ha pedido a la Controlaría General del Estado que investigue "si hay irregularidades o responsabilidades civiles penales administrativas", y aclaró que si no recibe atención, acudirá a la Fiscalía e incluso a organismos internacionales.
Por otro lado, dos organizaciones de abogados demandaron en marzo a Garzón por malversación de fondos públicos por, presuntamente, haber cobrado honorarios.
En ese entonces, Garzón afirmó en una rueda de prensa que él no había cobrado ni honorarios ni viáticos, por lo que la demanda era "infundada" y advirtió de que podría eventualmente presentar una querella contra sus impulsores por injurias.
Además de Garzón, componen la veeduría internacional otras personas de renombre como la exministra de Estado chilena Marigen Hornkohl; el periodista y coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidencia de Argentina, Rafael Follonier; o el diputado mexicano Porfirio Muñoz.
También está conformada por el brasileño Marco Aurelio García (asesor de la presidenta Dilma Rousseff); el jurista colombiano Juan Luis Mejía y la escritora guatemalteca Carolina Escobar Sart.
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