De Alfonso defiende una Oficina Antifraude estatal con sede en Barcelona

Barcelona, 18 mar.- El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ha apostado por la creación de una única institución de ámbito estatal para la persecución de la corrupción con sede en Barcelona, aprovechando la estructura y las instalaciones del organismo que preside.

En una entrevista con Efe, De Alfonso ha explicado que, hasta hace dos o tres años, habría aconsejado la creación de oficinas antifraude en todas las comunidades autónomas, pero ante la coyuntura económica actual "tendría más sentido" una única institución con ámbito de actuación estatal para evitar duplicidades.

Para el director de la OAC, "lo ideal" sería que esa oficina estatal, cuyo diseño debería ser idéntico al de Cataluña, tuviera su sede en Barcelona, para aprovechar su estructura e instalaciones y "por el reconocimiento de ser pionera", dado que es la única institución de ese tipo en España.

De Alfonso ha precisado que, a través de la mesa del Congreso, ha enviado un documento de cinco o seis folios al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que le sugiere "una serie de líneas para luchar contra el fraude y la corrupción".

En opinión del magistrado y director de la OAC, para que "triunfe", el organismo que a nivel estatal se encargara de la persecución del fraude "debería ser exactamente igual que el que existe en Cataluña", con garantías para poder trabajar con "absoluta libertad e independencia".

Ello requiere, apunta De Alfonso, que su director sea nombrado por la cámara legislativa y, como en el caso de la OAC, con el respaldo de tres quintas partes del Parlamento, dado que de esa forma la institución no dependería de un partido político o de un gobierno determinado.

"Yo no cambiaría nada, aconsejaría en el mismo sentido", apunta el magistrado, que propone que esa eventual oficina estatal fuera cofinanciada por la administración central y autonómica, con un modelo similar al de la Escuela Judicial con sede en Barcelona.

De esa forma, sugiere De Alfonso, el Gobierno central podría asumir la financiación de las nóminas y de otras necesidades para el funcionamiento de la oficina, mientras que la Generalitat aportaría la sede de la institución, "las bases y las herramientas".

En su opinión, una oficina estatal contra el fraude podría ser útil para colaborar en las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción, como los que se han destapado recientemente en toda España, y de esa forma "restar presión" a los jueces que dirigen esas complejas instrucciones.

La oficina, añade, sería "copartícipe en esa responsabilidad, en ese sufrimiento, en esa carga", evitaría que el juez instructor se encontrara "solo frente al mundo o frente a un gobierno autonómico" y garantizaría una investigación más "fácil, ágil y despresurizada".

El director de la OAC rechaza las críticas que ha recibido el organismo que preside por su duplicidad con otras instituciones dedicadas a la persecución de la corrupción, como la Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas.

"La OAC no tiene absolutamente nada que ver con la labor de la Fiscalía, los juzgados o la Sindicatura" o tribunal de cuentas, ha proclamado De Alfonso, que insiste en que su organismo se dedica a comprobar "el buen funcionamiento" de las tramitaciones que realiza la administración pública, sin necesidad de que sean delictivas o comporten un mal uso de los fondos públicos.

De Alfonso reivindica además la labor de concienciación que está desempeñando la OAC mediante la formación en buenas prácticas para los organismos públicos o privados que lo pidan y la organización de cursos para las escuelas, por los que han pasado ya 1.500 alumnos.

"Estoy convencido de que dentro de 50 o 80 años, si seguimos con labor de concienciación de la ético, pasará como en los países nórdicos, donde cuando uno hace algo mal el del lado le denuncia", sostiene el magistrado. EFECOM.

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