Bogotá, 15 may.- Decenas de políticos locales y regionales de Colombia están en la mira después de que la Fiscalía General ordenara la captura masiva de funcionarios y exfuncionarios públicos por supuestamente pactar su elección con jefes paramilitares.
Se trata de una nueva fase de la llamada "parapolítica", escándalo que salió a la luz en 2006 y llevó a casi un centenar de congresistas a ser investigados, encarcelados o condenados por su vínculos con paramilitares.
Ahora le toca el turno a los políticos locales, ya que los primeros doce detenidos dentro de este nuevo proceso son exconcejales de varias poblaciones del departamento caribeño de Magdalena, cuya capital es Santa Marta, confirmó hoy a Efe un portavoz de este organismo judicial.
Éstos fueron legisladores de poblaciones como las de Aljarrobo, Salamina, Chivolo, Pivijay y Zapayán, entre otras de esa región, donde los paramilitares de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercieron un fuerte control armado que también llevaron al plano político.
Los doce detenidos hacen parte de un grupo de 82 empleados y exempleados públicos locales y regionales investigados por la Fiscalía General en este segundo capítulo del escándalo de la "parapolítica".
El capítulo original de esta causa se remonta incluso a antes de 2006, con las primeras denuncias en el Congreso, cuya gestión penal no ha terminado aún.
La Corte Suprema llegó a investigar a un centenar de legisladores, la mayoría de la entonces coalición mayoritaria en el Congreso, vinculados al expresidente Álvaro Uribe.
Unos treinta de ellos fueron condenados a prisión, en general, por el delito de concierto para delinquir agravado, derivado de un acuerdo con las AUC que comprometía a los parlamentarios con la "firma de un nuevo pacto social" y la "refundación de la patria".
Los compromisos quedaron plasmados en el llamado Pacto de Ralito, suscrito en 2001 por más de medio centenar de políticos en el caserío rural del departamento de Córdoba (noroeste) del que tomó el nombre.
Por la misma época, las AUC se abrieron paso en los ámbitos local y regional con los acuerdos de Chivolo y Pivijay, firmados en septiembre de 2000 y en noviembre de 2001, respectivamente.
Dichos pactos tomaron el nombre de las poblaciones del Magdalena en las que se realizaron los encuentros, que fueron convocados por el desaparecido Bloque Norte de las AUC.
Ese bloque paramilitar estaba al mando de "Jorge 40", alias de Rodrigo Tovar Pupo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce jefes de las AUC, organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
La desmovilización de las AUC llevó a un acuerdo con el Gobierno del ahora expresidente Uribe (2002-2010).
A partir de esos acuerdos, políticos y paramilitares conformaron listas electorales y se distribuyeron territorios con el fin de alcanzar el poder en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas (legislativos regionales).
En contraprestación, los paramilitares tuvieron participaciones presupuestarias y en las contrataciones públicas.
Los firmantes "representaron los mezquinos y violentos intereses de una organización armada que ejerció el control de la población a través de la violencia, el desplazamiento, la intimidación y el terror", según consideró el fiscal del caso en el escrito de las órdenes de captura, algunos de cuyos apartados fueron publicados hoy por el diario El Tiempo.
La Fiscalía reactivó la investigación sobre los pactos de Chivolo y Pivijay en febrero pasado, con el llamamiento a indagatoria de 115 implicados, la mayoría exfuncionarios de elección popular.
Además del Magdalena, el proceso alcanza a políticos del vecino departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios