Instalado desde hace más de 15 años en Estados Unidos, Gülen, de 74 años, está acusado de pertenencia a una "organización terrorista" y de fabricar las alegaciones de corrupción contra el gobierno islamoconservador que hace dos años hicieron tambalearse en el poder a Erdogan.
Al finalizar su investigación, la fiscalía de Estambul solicitó contra el predicador la más dura pena prevista por la ley turca, la cadena perpetua.
En ausencia del religioso, el exjefe de la policía de Estambul, Yakup Saygili y su adjunto a cargo de asuntos criminales, Kazim Aksoy, a la cabeza de la investigación lanzada en diciembre de 2013, constituyen los cabezas de cartel de este proceso considerado un juicio político, para los que la fiscalía también pide la prisión a vida. Decenas de otros policías están siendo procesados.
Para el resto de los 66 acusados en este caso, la fiscalía pidió penas de entre 7 a 330 años de prisión.
Desde la apertura de los debates, uno de los abogados de Fetulá Gülen declinó todas las acusaciones contra su cliente.
"No existe ninguna prueba concreta de que mi cliente haya participado en ninguna actividad ilegal, ni un solo documento" insistió Nurulá Albayrak. "No hemos visto una investigación tan turbia jamás en la historia de nuestro país".
"Es una vergüenza que todas esas personas que no harían daño a una mosca sean presentados como terroristas", afirmó otro letrado, Murat Erdogan, defensor de los policías. "Esto no es más que un linchamiento judicial".
"No existe ninguna prueba concreta de que mi cliente haya participado en ninguna actividad ilegal", subrayó su colega Nurullah Albayrak.
De manera irónica, el defensor de Gülen citó varias veces lo afirmado por el fiscal sobre la "red de estafas" presuntamente montada por su cliente en el seno del Estado turco, que "puso en peligro a nuestra República".
"Como pueden ustedes ver, el acta de acusación se parece más al libreto de una comedia, repleto de teorías de la conspiración y mitos, sin la menor prueba que demuestre ningún crimen", concluyó Albayrak.
Promotor de un islam moderado, el imán Gülen, de 74 años, dirige una vasta red de escuelas, oenegés, empresas y medios en Turquía, sobre los cuales Erdogan se apoyó mucho tiempo para asentar su autoridad en el país tras la llegada al poder de su partido en 2002.
El hombre fuerte del país le declaró la guerra públicamente en diciembre de 2013, convencido de que se encontraba detrás de las investigaciones anticorrupción abiertas contra varios miembros de su gobierno y algunos de sus familiares, entre ellos, su hijo Bilal.
El escándalo provocó la dimisión de cuatro ministros e hizo las delicias de las redes sociales, que reprodujeron extractos de conversaciones muy comprometedoras para el presidente y su hijo.
A pesar de ello, Erdogan logró ganar las elecciones municipales en marzo de 2014 y cinco meses más tarde, ser elegido presidente.
Tras una purga sin precedentes, particularmente en la policía y en la justicia, el presidente turco logró que todas las investigaciones sobre su persona fueran clasificadas.
Desde entonces ha tomado represalias sin precedentes contra los partidarios del imán y sus intereses financieros, que se han saldado con unas 1.800 detenciones, según medios cercanos al gobierno.
"Hoy, ante el mundo entero, asistimos a una campaña de linchamiento contra un grupo de activismo social que supera al macartismo en Estados Unidos", declaró por su parte a la AFP Erkam Tufan Aytav, vicepresidente de la Fundación de escritores y periodistas, cercano al movimiento "Hizmet" ("servicio" en turco) de Gülen.
La lista de demandantes desvelada el miércoles da idea del carácter político de la lucha contra lo que Erdogan llama "el Estado paralelo".
Además del jefe de Estado, figuran su hijo Bilal, el primer ministro Ahmet Davutoglu, varios ministros y exministros, y el jefe de los servicios secretos, Hakan Fidan.
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