Denuncian crímenes contra la humanidad al TPI por expropiaciones en Camboya

Bangkok, 7 oct.- Víctimas de expropiaciones forzosas promovidas por la "élite gobernante" durante la última década en Camboya presentaron hoy una demanda por crímenes contra la Humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya.

Miles de camboyanos han sido expulsados de sus tierras y hogares a la fuerza o a cambio de mínimas compensaciones debido a proyectos de desarrollo urbanístico, plantaciones agrícolas o construcción de presas en los últimos años.

Altos cargos del Gobierno, fuerzas de seguridad y empresarios con conexiones con las autoridades están detrás de una campaña que incluye "asesinato, evacuación forzosa de población, encarcelamiento ilegal, persecución y otros actos inhumanos".

"Al fomentar el doble objetivo de autoenriquecimiento y mantenerse en el poder a toda costa, la élite gobernante ha cometido graves crímenes como parte de su amplio y sistemático ataque contra la población civil de Camboya, de acuerdo con una política de Estado", según la demanda presentada por el abogado Richard Rogers.

Los demandantes estiman que en los últimos 14 años unos 770.000 camboyanos, el 6 por ciento de la población, se han visto afectados por estas expropiaciones, 145.000 de las cuales fueron en Phnom Penh.

También indicaron que las minorías indígenas se han visto afectadas "de forma desproporcionada" por estos traslados forzados, con la mitad de su población "excluida de sus tierras ancestrales", en un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Global Diligence LLP.

Según la denuncia las víctimas de expropiaciones "siguen sufriendo en campos de reasentamiento condiciones deplorables donde la inseguridad alimentaria y la enfermedad son corrientes".

Los demandantes denuncian la "brutal represión" que han sufrido las personas que se han opuesto a la confiscación de tierras, incluidos activistas, monjes, periodistas, abogados o sindicalistas, de los cuales 232 fueron detenidos de forma arbitraria solo en 2012.

También denuncian la impunidad de la que gozan los responsables de estos abusos y justifican la presentación de la demanda al TPI por la complicidad de la justicia local, "afectada por la corrupción y al servicio de intereses de poder".

Camboya ratificó el Estatuto del TPI el 11 de marzo de 2002, lo que proporciona a esta corte competencia sobre los delitos cometidos desde el 1 de julio de 2002 en su territorio o fuera de él cuando son cometidos por personas de esa nacionalidad, según la FIDH.