Denuncian impunidad por falta de juicio por desapariciones en Turquía

Estambul, 25 abr.- Las desapariciones de cientos o miles de personas, en su mayoría kurdas, durante la década de 1990, empezarán a prescribir si el Estado sigue sin investigarlas, ha denunciado hoy la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

"Juzgar los crímenes de los años 90 es un elemento importante, entre otros pasos, en el ámbito de los derechos humanos para resolver la cuestión kurda", afirma Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW para Turquía, en una nota publicada hoy en Estambul.

El proceso de paz entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda, dará precisamente hoy un salto adelante con la esperada declaración de la retirada de los milicianos de Turquía.

Pero aún no está claro qué pasos piensa dar el Gobierno en contrapartida y si éstos incluyen la investigación de la "guerra sucia" en las regiones kurdas durante los años noventa.

"Juzgar los crímenes de los años 90 contribuiría a colocar los fundamentos de una paz duradera", advierte Sinclair-Webb.

Humans Rights Watch ha difundido un vídeo que relata tres casos de desapariciones, muertes bajo arresto y torturas, todos confirmados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio la razón a los familiares de las víctimas y condenó a Turquía al pago de cuantiosas multas.

Pero pese a cumplir con las sentencias, Ankara no ha dado inicio a las investigaciones de los sucesos para establecer los hechos y castigar a los responsables.

Desde 2009, un grupo conocido como "Madres del Sábado" se manifiesta todos los sábados en Estambul para pedir que se aclare el paradero o lugar de entierro de miles de desaparecidos, hasta ahora sin recibir una respuesta del Gobierno.

A mediados de los noventa, cada año desaparecían unas 250 personas, y el último caso registrado data de 2004, explicaron a Efe portavoces de esta organización.

Si no se dan pasos judiciales, los crímenes cometidos en 1993 comenzarán a prescribir, dado el límite de 20 años previsto por la ley turca.

Una reforma legal de abril pasado eliminó este límite para los casos de tortura, pero no para las desapariciones u homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, recuerda Human Rights Watch.

"Acabar con décadas de impunidad de las fuerzas de seguridad y otros cargos públicos para las graves violaciones de derechos humanos perpetrados en los 90 necesita un compromiso verdadero por parte del Gobierno y la Fiscalía", advierte Emma Sinclair-Webb.