Dependencia. El observatorio ve "un fictício incremento de la financiación estatal" en el informe del tribunal de cuentas

El Observatorio Estatal para la Dependencia, creado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, considera que el anteproyecto de informe de fiscalización sobre la aplicación de la Ley de Autonomía Personal refleja "un ficticio incremento de la financiación estatal".
Los gerentes y directores de Servicios Sociales han analizado el citado anteproyecto de informe y han concluído que en él se ponen de manifiesto "graves deficiencias en la veracidad de los datos oficiales", además de "retrasos en la atención e importantes desigualdades entre territorios".
A juicio del Observatorio de la Dependencia, el texto se muestra "poco o nada crítico" con la actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "y se centra en censurar la actuación de las CCAA".
En concreto, los directores de Servicios Sociales sostienen que el informe "modifica las variables de cálculo respecto a la anterior fiscalización, reflejando un ficticio incremento de la financiación estatal".
Tanto es así que, a su parecer, "introduce una sorprendente e imaginativa ficción contable en lo que parece un denodado intento por demostrar lo indemostrable: que la Administración del Estado financia suficientemente el sistema de atención a la dependencia".
El trabajo, afirma el observatorio, "corrobora el incumplimiento de los plazos para incorporar las solicitudes, las valoraciones y, por ende, la puesta en funcionamiento efectiva de los servicios y de las prestaciones económicas".
En concreto, prosigue, se determinan plazos medios de 8 meses, si bien en algunos territorios se supera ampliamente el año, por lo que "se incumple de manera flagrante lo dispuesto en la ley".
En función del análisis hecho por los gerentes de Servicios Sociales, el informe confirma también las permanentes denuncias de este observatorio referidas a la desigualdad de trato según el territorio, "en aspectos tan relevantes como el copago o el gasto público por dependiente atendido".
Del mismo modo, el documento pone de manifiesto "la preocupante falta de fiabilidad" de los datos oficiales incluidos en las estadísticas mensuales del Sistema de Información de la Dependencia, que, "considerados en conjunto, pueden ser válidos para realizar estimaciones y observar tendencias, pero cuyo valor a efectos de contabilidad pública es más que dudoso, como indica el propio informe".
Baste decir, apunta el observatorio, que sobre un análisis realizado por el Tribunal de Cuentas en mayo de 2013 comparativo de los datos del Sistema de Información de la Dependencia con los obrantes en las CCAA se localizaron "numerosas anomalías", como 615 expedientes que figuraban en este sistema de información, pero no en las CCAA, o los 715 que, al contrario, estaban registrados en las comunidades, pero no en el sistema.