Dependencia. Los grupos parlamentarios debaten sobre la atribución de los litigios del saad a la jurisdicción social

Representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados debatieron este viernes sobre la necesidad de atribuir a la jurisdicción social la competencia de los litigios derivados de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en lugar de tramitarlo por la vía contencioso-administrativa.
El debate tuvo lugar durante la celebración de la mesa redonda "La atribución a la jurisdicción social del conocimiento de las controversias sobre Autonomía Personal y Atención a la Dependencia", en la III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Defensa Legal de la Discapacidad (DLD) y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El representante de la Comisión de Justicia del PSOE en el Congreso, Manuel de la Rocha, destacó que la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia busca garantizar niveles de protección como derecho subjetivo de la ciudadanía. Además, subrayó que la ley se configura como una materia de asistencia social y no de Seguridad Social.
Según dijo, la ley no regula a qué órganos de la jurisdicción corresponde el conocimiento de litigios que se suscitan entre usuarios y la Administración encargada de aplicarla.
Actualmente, explicó, en España estos litigios son asumidos por los juzgados de lo contencioso-administrativo, aunque hay casos como el catalán en el que los juzgados de lo social asumen estas competencias.
Además, explicó que el Congreso debate en la actualidad la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En este sentido, afirmó que lo más probable es que finalmente la ley no recoja la atribución de estas competencias al orden social, pero sí integre una disposición que mandate al Gobierno que presente en el plazo de un año un proyecto de ley que atribuya el conocimiento de esta materia a la jurisdicción social.
Por su parte, la representante de la Comisión de Justicia del PP en el Congreso, Lourdes Méndez, consideró que “no es el momento más oportuno” para aprobar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ya que esto supone la absorción de una gran carga de litigiosidad al orden social.
Además, destacó la importancia de hacer efectivos los derechos recogidos en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y no sólo reconocerlos, y manifestó los problemas económicos con los que se encuentran las comunidades autónomas para hacer frente a las prestaciones incluidas en la ley.