Despenalización del consumo de drogas entra en el debate electoral brasileño

José Bautista

Río de Janeiro, 27 ago.- Las voces a favor de la despenalización del consumo de drogas cobran fuerza de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, donde un creciente número de políticos, investigadores y ciudadanos reclama que el actual modelo de lucha contra las drogas agrava la violencia.

Pese a que los tres candidatos favoritos a la Presidencia en los sondeos se han manifestado claramente contra la despenalización, otros aspirantes la defendieron en el debate realizado esta semana y citaron como justificativa estadísticas de violencia que usan los académicos que piden un cambio en el modelo de combate a las drogas.

Según tales datos, recogidos del Informe Oficial de Homicidios que la ONU divulgó en abril, los niveles de violencia en Brasil no registraron grandes cambios en los últimos 30 años.

Tanto la presidenta y candidata a la reelección Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), como sus principales rivales, la ecologista Marina Silva (Partido Socialista Brasileño) y el socialdemócrata Aécio Neves, se oponen a la despenalización con diferentes argumentos.

Eduardo Jorge, candidato a la Presidencia por el Partido Verde, es uno de los que defiende la legalización de la marihuana para uso medicinal y recreativo con el fin de reducir los niveles de violencia y mejorar la cohesión social en Brasil.

Como él, otros aspirantes también apoyan cambios. Luciana Genro, candidata del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), opina que la política antidrogas "se transformó en una guerra contra los pobres" y el candidato comunista Mauro Iasi agrega que "quien acaba sufriendo con la criminalización es la población pobre".

En el debate televisivo de esta semana Genro defendió la necesidad de "romper el tabú sobre las drogas" y llevar a las escuelas más información sobre los riesgos asociados a su consumo.

A los muertos en la lucha contra las drogas se suman las víctimas del consumo de estupefacientes, que entre 2006 y 2010 costó la vida a 40.692 brasileños, según la estadística del Ministerio de Salud.

"Debemos abordar la perspectiva de la salud en lugar de la criminalización y persecución militarizada", dijo a Efe Alessandra Fontana Oberling, antropóloga especializada en violencia y drogas, durante una reunión de expertos celebrada este martes en el Instituto Igarapé de Río de Janeiro.

Fontana participa junto a varios especialistas en la Red Piense Libre, una iniciativa que después de las elecciones llevará al Congreso varias alternativas para la implementación de "una política de drogas que funcione" y que dé protagonismo a la "información como sustituta del miedo" para combatir el consumo abusivo de drogas y el crimen organizado.

Joao Pedro Padua, abogado especializado en crímenes relacionados con sustancias ilícitas y miembro de esta red, aseguró que en Portugal y el estado norteamericano de Colorado hubo grandes avances tras la despenalización del consumo de estupefacientes. "No solo el consumo no aumentó, sino que se redujo el índice de crímenes relacionados con el narcotráfico", dijo.

Padua también mencionó ejemplos de proyectos de despenalización del consumo de drogas en países vecinos de Brasil y la reciente legalización del cannabis en Uruguay.

"La única experiencia exitosa hasta ahora en materia de política de drogas en Brasil fue la regulación del tabaco en 1980 (...) desde entonces se redujo un 65 % el consumo per cápita sin accionar ningún órgano judicial y sin criminalización; aumentó la recaudación de impuestos y mejoró la regulación de los lugares donde se puede fumar, todo sin disparar ningún tiro", dijo Padua.

Otro problema asociado a las drogas en Brasil es el del colapso del sistema penitenciario.

A pesar de la legislación de 2006 que pone fin al encarcelamiento de consumidores de drogas, los datos oficiales muestran que desde entonces la población carcelaria de Brasil se multiplicó por tres.

El número de presos supera hoy en un 30 % la capacidad carcelaria del país, según datos del Ministerio de Justicia. Las cifras también revelan que el 70 % de los condenados por la ley de drogas de 2006 eran portadores de pequeñas cantidades, no tenían armas y no presentaban indicios de relación con el crimen organizado.

La violencia y la lucha contra las drogas son dos grandes preocupaciones en Brasil, donde el 56 % de los asesinatos está ligado directamente al narcotráfico y cobra cerca de 50.000 vidas al año, en su mayoría de jóvenes pobres de entre 15 y 25 años, según una investigación de los periodistas brasileños William Ferraz, Kaio Diniz y Vanderson Freizer.