Bogotá.- Los asesinatos a sangre fría de diez personas, entre ellas una jueza y dos niños, marcaron una semana negra en Colombia y evidenciaron una nueva fase de violencia cuando toman fuerza las bandas criminales, el Gobierno busca reparar con leyes a las víctimas y se acercan las elecciones locales.
El martes, un sicario mató a tiros a la jueza Gloria Constanza Gaona, que investigaba, entre otros casos, la violación de una niña y su posterior asesinato, así como el de sus dos hermanos, en una localidad fronteriza con Venezuela.
Horas después, los cuerpos de un agricultor, su esposa y dos hijos menores de edad, además de dos empleados, aparecían muertos a machetazos en una finca de Risaralda (oeste).
También el martes, Bernardo Ríos, defensor de los campesinos que reclaman sus tierras despojadas por los paramilitares en San José de Apartadó (Antioquia, norte), fue víctima de un vil crimen.
Y al día siguiente, otros dos líderes reclamantes de tierras, David Góez y Éver Verbel, fueron asesinados en Turbo (Antioquia) y San Onofre (Sucre, norte), respectivamente.
En los últimos tres años, más de 50 líderes defensores de campesinos han perdido la vida en Colombia, una tendencia que se ha agravado desde que el presidente Juan Manuel Santos entregara en septiembre al Congreso el proyecto de Ley de Tierras, que busca restituir predios a los desplazados y desposeídos por el conflicto.
Y, según el Consejo Superior de la Judicatura, desde 2007 seis jueces han sido asesinados y 750 amenazados.
"Un elemento que explica esta activación de la violencia es la cercanía del proceso electoral de (el 30 de) octubre (comicios regionales) porque persiste la acción de bandas armadas que quieren someter y amedrentar para tener el control", dijo a Efe el doctor en Ciencias Políticas y experto en conflicto, Pedro Medellín.
A eso se une el señalamiento que ha hecho el Gobierno a las bacrim (acrónimo de bandas criminales) como "el principal factor de desestabilización, lo que ha generado una reacción fuerte de estos grupos", herederos de los paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006.
Si bien los hechos ocurridos esta semana han generado una alerta, las bacrim no son un fenómeno nuevo, ya que surgieron cuando se entregaron a la Justicia los primeros jefes paramilitares, los grandes protagonistas del despojo, hace ocho años, según el analista.
Para Medellín, "estos hechos de violencia están teniendo una visibilización porque hay una mayor conciencia sobre la dinámica de la violencia; y, ante ello, el Estado se ve en la obligación de combatirlos".
El politólogo y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, Fernando Giraldo, también planteó a Efe que "en Colombia hay un problema de violencia estructural, es un elemento permanente, y en la mayoría de sus manifestaciones está ligada a temas políticos o de precario desarrollo institucional, sin una justicia eficaz".
"No se ha podido romper la línea de continuidad de la violencia", muy vinculada al narcotráfico, dijo Giraldo, al coincidir con Medellín en que viene de años atrás y ahora sólo se ha hecho visible.
Y por ello criticó al Gobierno del anterior presidente, Álvaro Uribe (2002-2010), al manifestar que "hizo un esfuerzo grande, con muchos recursos y con una opinión pública favorable que toleró excesos y abusos, como los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), y ahora se pone en evidencia que aquel proceso de pacificación fue atendido desde la represión sin un proceso de institucionalización".
"Hoy estamos viviendo una nueva fase o tipo de violencia; superamos una violencia que lentamente sustituimos por otras. Se sale de un ciclo y se entra en otro. Renovamos la violencia con otros actores", insistió el experto de la Javeriana, para enfatizar que Colombia está ante "el mismo problema estructural de siempre".
La novedad es que las expresiones de repudio por los asesinatos de esta semana llegaron de todos los frentes: mientras que los jueces se concentraban el viernes para exigir mayor protección, el presidente Santos anunció que no permitirá que "los violentos vayan a detener una política fundamental", en alusión a la Ley de Tierras.
Las palabras de Santos expresaron así los que parecen ser los intereses criminales en Colombia: detener la restitución de tierras, mantener el control territorial y afianzar el negocio del narcotráfico.
En definitiva, los problemas de siempre pero con otros actores en juego, como aseguran los analistas.
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