Madrid, 8 abr.- El director de Justicia del Gobierno vasco, Manuel Valín López, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, han considerado hoy "innecesaria" la prisión permanente revisable, una de las figuras estrella de la reforma del Código Penal.
La prisión permanente revisable "entra en el populismo punitivo, contradice el mandato constitucional de determinación y certeza de la pena y tampoco respeta el mandato de rehabilitación", ha afirmado Valín López durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para evaluar la reforma del Código Penal.
El director de Justicia del Gobierno vasco ha opinado que la prisión permanente revisable tiene "problemas de constitucionalidad" porque "los plazos de revisión son excesivos", lo que "impide la función rehabilitadora de la pena".
Ha reconocido que la prisión permanente revisable está en muchos ordenamientos jurídicos e, incluso, la Corte Penal Internacional prevé penas de prisión perpetua, pero ha estimado que el proyecto del Gobierno "falla" en los plazos y los procedimientos de revisión.
Valín López ha señalado que los periodos de prisión de 25, 28 y 32 años, en el caso de los delitos más graves, antes de la revisión de la pena, "impiden, de plano, la función rehabilitadora de la pena".
El director de Justicia del Gobierno vasco ha dicho que no ve necesaria esta figura en el sistema español, donde se puede llegar a penas de cuarenta años de prisión.
En su intervención, la fiscal jefe de Sevilla ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, no ve "tacha de inconstitucionalidad" en la prisión permanente revisable, aunque no ve necesario "insistir en el endurecimiento de las penas" en España.
Segarra también ha considerado "excesivos" los plazos de revisión de la prisión permanente, una vez cumplidos al menos veinticinco años de condena, dependiendo de la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado el preso.
También ha comparecido en la Comisión de Justicia el representante de la Coordinadora de la Plataforma contra la Criminalización de la Protesta, Javier Moreno, quien ha subrayado que la reforma del Código Penal está hecha "contra la ciudadanía", con la intención de desincentivar el derecho fundamental de manifestación y reunión.
Moreno ha pedido que se reconsidere la regulación de distintas figuras como el atentado, la desobediencia, la resistencia o las sanciones a los ciudadanos que se manifiestan para reclamar sus derechos.
El representante de la Coordinadora ha apuntado que el Gobierno quiere aplicar el Código Penal, acompañado de la Ley de Seguridad Ciudadana, "contra la resistencia ciudadana y contra la disidencia política".
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