Discapacidad. El cermi planteará a la defensora del pueblo que estudie la constitucionalidad de la lomce

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal) va a plantear a “la única instancia no política que puede hacerlo, que es la defensora del Pueblo”, que estudie si la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) cumple la Constitución, “entendiendo como bloque de constitucionalidad la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la celebración de un debate en el periódico ‘cermi.es semanal’ en torno a la aprobación de esta ley, con la que, a su juicio, "se ha producido una ignorancia culpable, una negligencia bastante reprochable al Ministerio, al Gobierno y a la mayoría que haya aprobado esta ley, porque se han impuesto concepciones personales”.
En este sentido, Pérez Bueno destacó que el “gran mandato” en este momento era la educación inclusiva, ponerle fecha de terminación a la educación especial y establecer el proceso de migración de unas a otras. “La educación inclusiva es una cuestión de madurez democrática y nuestro país todavía está muy lejos”, aseguró.
En esta línea, según coincidieron los representantes de la discapacidad organizada y de la educación que también participaron en la mesa redonda, la Lomce “no apuesta por la educación inclusiva, saltándose así las normas más importantes y de alcance internacional, de derechos humanos, como la Convención de la ONU sobre Discapacidad”.
En su opinión, “la Lomce es una oportunidad perdida, la educación inclusiva una herida abierta, los alumnos con discapacidad siguen estando segregados y faltos de apoyos, y la supuesta calidad de esta ley se basa, sobre todo, en resultados”.
Además, destacaron el escaso desarrollo que hay en la Lomce sobre las cuestiones relativas a las tecnologías de la información, “tan dadas a ampliar la discriminación con la ya conocida brecha digital”; al tiempo que trataron las diferencias existentes entre la educación pública, privada y concertada en su compromiso con la integración.
Otra de las cuestiones que abordaron fue la importancia de la elección del centro, “algo que siempre debe ser una opción del alumno, sus familias o representantes, no de ninguna estructura administrativa”, así como la falta de datos y la “necesidad de saber cómo estamos para poder decidir qué hacemos”.
Por último, la vicepresidenta del Consejo Escolar del Estado, María Dolores Molina, quien también intervino en el debate, resaltó, entre otros aspectos, que con esta ley “se ha querido, legítimamente, llevar una reforma lo más rápida posible y quizá este sistema ha propiciado que no se presente un proyecto integral de reforma, desde el punto de vista jurídico”. Asimismo, explicó que el “principal problema” es que la técnica jurídica que se ha utilizado ha sido la de la incrustación, la cual “no es la más adecuada para una ley educativa”.