La decisión de los Mossos d'Esquadra de no intervenir por la fuerza en los colegios electorales para cerrarlos durante la celebración del 1-O ha indignado a dos de las principales asociaciones de fiscales. La Asociación de Fiscales (AF, mayoritaria y conservadora) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF, minoritaria) han acusado a la policía autónoma catalana de "hacer peligrar el Estado de Derecho". En un comunicado, ambos colectivos acusan a los agentes de no observar las leyes ni las resoluciones judiciales que obligaban a los cuerpos policiales a paralizar la consulta.
El comunicado asegura que el referéndum ilegal celebrado ayer "ha puesto de manifiesto el desprecio y el desafío hacia el Estado de Derecho por parte de quienes ostentan en Cataluña la más alta representación del Estado, conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía", es decir el Gobierno catalán de Carles Puigdemont. También explica que “no se puede hablar de Estado de derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes”. “Todas las opciones políticas son válidas, pero dentro del marco de la legalidad”.
Esos ataques a la democracia, según la AF y APIF no solo lo habrían perpetrado los “altos cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo en la comunidad autónoma de Cataluña”. También “las fuerzas de Policía Autonómica”, es decir, los Mossos, que al obviar las leyes y las resoluciones judiciales, habrían hecho “peligrar el Estado de derecho”. “El Poder Judicial precisa, para desempeñar las funciones que tiene atribuidas, de una policía judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y las resoluciones de los tribunales”, añade la nota.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la causa contra Puigdemont y todos los miembros de su Ejecutivo, Mercedes Armas, ordenó el pasado miércoles a Mossos, Policía y Guardia Civil que impidieran el uso de los edificios públicos para la preparación del referéndum y los cerraran el día de la consulta. Esa es la resolución que amparó la actuación de los antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil durante la consulta, irrumpiendo por la fuerza en los colegios. Los Mossos, sin embargo, optaron por no emplear la violencia y permitieron la votación.
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