Madrid, 2 abr.- Los abogados de los expresos de Guantánamo Ahmed Abderrahman Hamed, conocido como el talibán español, y Lahcen Ikassrien han pedido a la Audiencia Nacional que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la justicia universal al entender que vulnera la tutela judicial efectiva.
El letrado Marcos García Montes ha explicado hoy en una rueda de prensa que el jueves se presentó en la Audiencia Nacional un escrito en el que expresan al juez Pablo Ruz su posición sobre la limitación de la justicia universal en la causa relativa a supuestas torturas a expresos españoles en la cárcel estadounidense ubicada en la isla de Cuba.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, los letrados afirman que los delitos de torturas que se investigan están previstos en el IV Convenio de Ginebra sobre la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, ratificado por España en 1952, así como en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La persecución de la tortura asumida por España en los tratados internacionales, afirma el escrito, "no puede ser derogado 'de facto' mediante imposición de exigencias de imposible práctica como es que el delincuente, con estupidez rayana en el retraso mental profundo... se le ocurra aparecer por nuestro país".
En este sentido, han considerado un "auténtico fraude de Derecho desde la legalidad" la reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que limita la persecución penal a que los presuntos responsables del delito sean españoles o extranjeros que residan habitualmente en España.
"No hay que ser un lince, ni un fino jurista", sostiene el escrito, para "entender, con rotunda facilidad, que el torturador excepto que sea mentecato, en ningún momento se le ocurrirá poner los pies en el país de su víctima".
Asimismo, García Montes ha esgrimido la nacionalidad española de su cliente Ahmed, Hmido, conocido como el "talibán español", para que, de acuerdo con los requisitos de nacionalidad de las víctimas establecidos en la reforma, el caso siga investigándose.
En su escrito, ha considerado también que la ley no solo cercena la instrucción de esta causa, sino que crea para los ciudadanos españoles un "desamparo judicial" que les hace vulnerables a ser "impunemente torturados ante la pasividad del Gobierno y la impotencia de los tribunales".
El pasado 27 marzo Izquierda Unida, que ejerce de acusación popular en este caso, ya se pronunció sobre esta causa, alegando que no se podía archivar el asunto porque la reforma de la justicia universal es contraria la III Convención de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra.
Sobre la cuestión de inconstitucionalidad, que ahora los abogados de los expresos han pedido que promueva la Audiencia Nacional, ya se posicionó la Fiscalía en dos informes, en el caso Couso -la muerte del cámara José Couso en Iraq en 2003- y en el del genocidio del Tíbet -en el que hay imputados expresidentes chinos como Jiang Zemin y Hu JinTao-.
En ambos escritos abrió la posibilidad de que los jueces elevasen sus sumarios a la Sala de lo Penal por si alguna parte estimase oportuno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la justicia universal.
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