El periodista independiente Samer Abu Eisheh, de 28 años, y el albañil Hijazi Abu Sbeih, de 33, sufren en carne propia una de las medidas aplicadas por las autoridades israelíes que ocupan Jerusalén este: el destierro.
Una medida heredada del estado de emergencia impuesto en 1945 por los británicos, que administraban entonces el territorio. Los afectados la consideran una injusticia, al igual que las detenciones sin juicio o las demoliciones de casas.
"Es la ciudad en la que nací", declaró Samer Abu Eisheh, sobre el que pesa una orden de destierro de cinco meses. Hijazi Abu Sbeih fue castigado a irse por seis meses. Está casado y tiene tres hijos de corta edad que viven en el casco antiguo de Jerusalén.
En la carta que recibieron, acompañada de un mapa con las zonas a las que no pueden dirigirse, el mando militar les informa de que constituyen "un peligro para la seguridad" de Israel.
Preguntado por la AFP, el Shin Beth, el servicio de seguridad interior israelí, explicó que los dos hombres son "activistas terroristas" contra los que se emiten este tipo de órdenes. Y añade que estos dos destierros no tienen nada que ver con la violencia que sacude Israel y a los Territorios palestinos desde hace tres meses.
Samer Abu Eisheh e Hijazi Abu Sbeih aseguran no haber sido condenados nunca por terrorismo u otro tipo de violencia.
El primero fue condenado por Israel a unos dos meses de arresto domiciliario en 2015 por su participación en foros árabes en Líbano, y cree que las autoridades lo castigan por su militancia a favor de la causa palestina. Hijazi Abu Sbeih por su parte no se explica lo que le está pasando.
Tras su detención el 6 de enero, las autoridades israelíes propusieron inicialmente liberarlos a cambio del pago de una fianza y luego optaron por expulsarlos, informan sus familiares.
Ellos se resisten. Antes del arresto en el patio de la Cruz Roja Samer Abu Eisheh afirmaba que haría cuanto hiciera falta para "complicarle la tarea" a Israel. "Pase lo que pase, seguiré diciendo no: no al destierro, no al racismo, no a la ocupación", aseguraba entonces.
Hijazi Abu Sbeih tampoco piensa ponérselo fácil. "No dejaré mi tierra al ocupante, el que se tiene que ir es él, no yo", afirma.
En 2015, según la ONG palestina Addameer, siete palestinos fueron condenados al destierro.
Las oenegés palestinas están convencidas de que este tipo de medidas están enfocadas a vaciar Jerusalén de palestinos. Addameer las considera un "castigo colectivo contrario al derecho internacional", que afecta a familias y comunidades enteras.
Israel ocupa desde 1967 Jerusalén este, la parte palestina de la ciudad que anexionó. La comunidad internacional denuncia su ocupación y anexión.
Los israelíes consideran a Jerusalén su "capital indivisible" y los palestinos quieren convertir la parte este en la capital de su futuro Estado.
En los últimos 15 años, la presencia palestina se ha reducido considerablemente tanto desde el punto de vista cultural como político.
Israel forzó el cierre de una treintena de instituciones palestinas por su presunta afiliación a la Autoridad Palestina, que tiene prohibidas las actividades en Jerusalén, recuerda la Coalición Civil para los Derechos de los Palestinos en Jerusalén (CCDPJ).
Los habitantes palestinos de Jerusalén no tienen nacionalidad palestina ni israelí, sino que son "residentes permanentes".
Según la CCDPJ, este estatuto les "da acceso a ventajas sociales israelíes, a los servicios públicos y a (votar en) las elecciones municipales, pero no les concede el derecho de permanecer sin condiciones, registrar a sus hijos ni traer a sus familiares a Jerusalén".
Además las autoridades pueden revocarlo: en casi 50 años retiraron este estatuto a más de 14.400 palestinos.
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