Dueños de La Raza dicen que directivos de Mercasevilla les pidieron 300.000 ?

Sevilla, 8 oct.- Los dueños del Grupo La Raza han dicho hoy al jurado del caso Mercasevilla que los directivos del mercado imputados les pidieron 300.000 euros de comisión para la Junta, cifra fijada según el "baremo" para las subvenciones que concedía la Administración, y otros 150.000 euros para la acometida eléctrica.

Pedro Sánchez Cuerda, apoderado del grupo, ha declarado que el ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce le dijo, para tranquilizarle en cuanto a que el dinero no era para ellos, que "esto ocurre siempre en la Junta de Andalucía" y que debían llevar el dinero en un maletín que dejarían "olvidado" en un despacho del mercado.

Los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron el soborno en dos reuniones celebradas el 16 y 27 de enero de 2009, la segunda grabada por los empresarios, y al final de ella los imputados empezaron "un regateo", según el testigo, en el que les ofrecieron "disfrazar" el pago en forma de donativo a la Fundación Mercasevilla y llegaron a decir "200.000 euros y no se habla más".

Sánchez Cuerda y su socio José Ignacio de Rojas han declarado que no saben para quién era la comisión, aunque los imputados dijeron hablar en nombre de la Junta de Andalucía, que "colabora con quien colabora", y entendieron claramente que "si no pagábamos, no tendríamos la Escuela de Hostelería" de Mercasevilla, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros del Gobierno andaluz.

Han coincidido, sin embargo, en exculpar al acusado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, con quien mantuvieron cinco reuniones pero de quien no tienen ningún "dato objetivo, sospecha ni percepción" de que estuviera detrás de la comisión.

Sánchez Cuerda ha relatado su primera reunión con los acusados Daniel Ponce y Regla Pereira, directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla, cuando el primero de ellos le dijo que tenía dos noticias para él: una buena y otra mala.

La buena era que la Junta había concedido los 900.000 euros, y la mala que había "dos gastos no previstos": 150.000 euros para la acometida eléctrica -que debía ser cubierta por la subvención- y que "la Junta de Andalucía solicitaba 300.000 euros como soborno".

Según Sánchez Cuerda, a continuación Ponce empezó a darle "caramelitos" y le prometió que, a cambio, hablarían con el Ayuntamiento para que les adjudicara todos sus cáterin, y todos los cursos que organizaran estarían subvencionados por la Junta.

Los empresarios han relatado que la petición les "indignó" porque les estaban robando o "estafando" o porque "les habían visto cara de tontos", siendo "una empresa honrada".

Sánchez Cuerda, por otra parte, ha confirmado a un abogado defensor que su esposa trabaja en el Gabinete del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que ejerce la acusación particular en este caso, y que decidieron grabar la segunda reunión por consejo de Juan Gallo, alto cargo de la Consejería de la Presidencia, quien les advirtió de que "la Junta no pide estas cosas" y que tuvieran cuidado porque les estaban "estafando".

Además, ha declarado que el "conseguidor" Juan Lanzas -que declara mañana- participó en varias reuniones sobre la Escuela de Hostelería pero no representaba a su grupo, lo que contrasta con lo manifestado por el imputado Antonio Rivas, quien aseguró que tampoco representaba a la Administración y que supuso que asesoraba a los empresarios.