El blindaje de Treviño en Estatuto de CyL, la mayor garantía según el PP

Valladolid, 6 feb.- El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acudido hoy al Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que en su artículo segundo blinda el territorio que pertenece a la autonomía, para expresar la seguridad sobre las fronteras castellanoleonesas.

En declaraciones a Efe, Fernández Carriedo ha insistido en que el PP se mantiene en la misma postura y ha recordado que el Estatuto de Castilla y León, que es ley orgánica del Estado, y es "la mayor seguridad y garantía" del territorio de la autonomía.

"Nadie ha expresado" en Castilla y León "una postura de que se cambie" el Estatuto en cuanto a ese asunto, ha recordado el portavoz.

Ha insistido, en que el Estatuto de Castilla y León, que blinda el territorio de la autonomía, "no puede cambiarse por la posición unilateral de ninguna otra comunidad ni de ningún otro partido. El mayor garante y de seguridad es el propio Estatuto".

Son los grupos promotores de la iniciativa -Bildu, PNV y PSOE- "los que tendrán que dar explicaciones", ha sostenido Fernández Carriedo, para quien el PP, que se ha abstenido hoy en la votación en el Parlamento Vasco de una iniciativa para llevar al Congreso una ley que propicie la anexión del enclave burgalés a Vitoria, "ha sido la única postura clara de no apoyo a esa posición".

Tanto el Estatuto de autonomía del País Vasco como el de Castilla y León tienen artículos que blindan su territorio y cualquier modificación de este aspecto requeriría una reforma de los estatutos, que no se puede realizar sin la anuencia de las autonomías.

Hoy el Parlamento Vasco ha acordado llevar al Congreso de los Diputados una ley orgánica para modificar las fronteras tanto de Castilla y León como de Euskadi para que el enclave burgalés de Treviño se anexione a Álava.

El Parlamento Vasco enviará a las Cortes Generales a tres representantes -Xabier Agirre (PNV), Belén Arrondo (EH Bildu) y Txarli Prieto (PSE)- para defender la iniciativa, que al ser una ley orgánica no requeriría del visto bueno de la Junta de Castilla y León, que se opone a la segregación.