El bróker Javier Biosca, investigado por liderar una de las mayores estafas a través de criptomonedas en España, busca la manera de quedar en libertad provisional. Su defensa ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional insistiendo en su disposición a colaborar con la Justicia y reparar el daño ocasionado, que se estima en un perjuicio superior a 280 millones de euros. Para ello, ha pedido al juez instructor Alejandro Abascal que le autorice la apertura de una cuenta bancaria donde pueda depositar todo el dinero estafado con el objetivo de que dichas cantidades puedan ser devueltas a los inversores que confiaron en su empresa, Algoritmhmics Group.
Biosca, en prisión provisional desde el pasado 8 de junio, negó ante el juez Abascal que su intención fuera estafar a centenares de clientes, por lo que aseguró que desbloquearía los fondos y devolvería todos los ingresos que recibió, si bien el magistrado no aceptó esta propuesta. Ahora, con el objetivo de ser excarcelado, reformula su oferta y plantea la necesidad de abrir una cuenta, dado que es requisito sine qua non para poder transformar la moneda virtual invertida a euros. Asimismo, tras explicar cómo se haría dicha reconversión y resaltar la importancia de poder disponer de un fondo al que vincular las criptomonedas, señala que los saldos deben quedar "embargados y bloqueados, reteniéndose y confiscándose" para que las devoluciones a los querellantes se garanticen.
El magistrado, que acaba de acordar la prórroga durante un mes la pieza secreta sobre la presunta macroestafa piramidal, aún no ha tomado una decisión al respecto, pues primero quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre si debe acceder a la medida cautelar de libertad provisional para que pueda realizar dichas operaciones económicas, por lo que el pasado 3 de noviembre dictó una providencia para dar traslado del escrito presentado por la defensa del bróker, en el que alega la "notable dificultad, por no decir imposibilidad", de llevar a cabo la devolución desde el centro penitenciario.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso La Información, Biosca subraya su "intención inequívoca de proceder a dar cumplimiento a la garantía pactada contractualmente", si bien califica de "demencial" o "absolutamente desorbitada" la desproporción existente entre las cantidades reclamadas y las que, a su juicio, pueden ser objeto de reintegro. Así, para concretar la cuantía a satisfacer, su defensa ha aportado al Juzgado una relación documental que reflejaría el dinero que los clientes pusieron a su disposición o a la de Algoritmhmics Group -radicada en Londres-. Es más, destaca que, según se aprecia en las copias de los contratos, estas cantidades iniciales entregadas son las "únicas" que gozaban de garantía de devolución, no siendo así las ganancias que los inversores pudieran obtener de las inversiones en criptomonedas.
Biosca y su familia están investigados en la Audiencia Nacional a raíz de las querellas presentadas contra ellos y contra la empresa que crearon en 2019, utilizada para perpetrar la presunta estafa. Algoritmhmics Group ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A través de esta mercantil, sus dueños captaron clientes, a los que prometieron rentabilidades de hasta el 25% semanales por sus ingresos. Las sospechas de fraude comenzaron a partir de los primeros meses de 2020, coincidiendo con la pandemia de la covid-19, cuando la trama empezó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que se agravó en octubre cuando ya no abonaron ninguna de las cantidades comprometidas.
Testimonios de afectados
El Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por Alejandro Abascal -antiguo refuerzo del juez Manuel García Castellón, que investiga casos como 'Tándem', 'Púnica' o 'Lezo'-, rechazó en verano archivar las actuaciones contra la mujer del bróker, Paloma Gallardo, y el hijo de ambos, Sergio Biosca, dejándoles en libertad con retirada de pasaporte y prohibición de abandonar España. Sin embargo, las defensas de los perjudicados, representados muchos de ellos por los abogados Juan Carlos Gómez y Emilia Zaballos, han peleado los últimos meses para que los familiares del líder de la trama no queden exonerados, pese a que estos se desvincularan por completo de la inversión en monedas virtuales. Para demostrar que todo el núcleo familiar conocía perfectamente cómo funcionaba el negocio de las 'cripto', la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas aportó a finales de agosto una decena de testimonios de testigos que han tenido algún tipo de relación económica con los investigados.
Así, tras intentar demostrar los roles que cada uno de los miembros de la familia habrían desempeñado en la operativa y reproducir algunas de las conversaciones que los testigos mantuvieron con Biosca o Gallardo, los cuáles supuestamente "alardeaban" del "gran imperio" que habían logrado, los afectados solicitaron al juez Abascal que volviera a llamar a declarar a la esposa del bróker y acordara su prisión provisional para evitar que pudiera recibir instrucciones de su marido para que siguiera "moviendo el dinero en el extranjero" y dificultara su rastreo. Sin embargo, el magistrado instructor rechazó esta petición el pasado 1 de octubre, según un escueto auto al que ha tenido acceso también este diario, al entender que no es necesaria imponer ninguna medida cautelar a Paloma Gallardo, ya que "ha comparecido a cuantos llamamientos se le han efectuado, no habiendo en este momento sospecha alguna de que pretenda evadirse a la acción de la Justicia, ni habido ninguna variación en la conducta de la investigada".
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