El "caso Carromero": cinco meses de detención, juicio y sentencia en Cuba

  • Ángel Carromero, un dirigente de la filial juvenil del Partido Popular de España, regresa a su país tras cinco meses de detención, juicio y condena en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron dos opositores, un caso que ha puesto a prueba la relación de los gobiernos de Madrid y La Habana.

La Habana, 28 dic.- Ángel Carromero, un dirigente de la filial juvenil del Partido Popular de España, regresa a su país tras cinco meses de detención, juicio y condena en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron dos opositores, un caso que ha puesto a prueba la relación de los gobiernos de Madrid y La Habana.

El traslado de este joven español ha sido posible gracias a un acuerdo entre Cuba y España para aplicar un convenio bilateral de cumplimiento de sentencias judiciales, tras meses de intensas gestiones diplomáticas rodeadas de mucha discreción política.

Carromero verá el Año Nuevo en España, donde debe cumplir lo que resta de los cuatro años de cárcel que le impuso la justicia cubana por homicidio imprudente como responsable del accidente que sufrió el vehículo que conducía el 22 de julio y en el que murió el destacado líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá, y Harold Cepero, un miembro de ese grupo opositor cubano.

El joven español deja atrás 23 semanas de reclusión en Cuba, donde primero estuvo detenido durante unos días en dependencias policiales de Bayamo, la ciudad oriental cubana en cuyos alrededores se produjo el siniestro.

Posteriormente, Carromero fue trasladado a "100 y Aldabó", un centro de seguridad del Ministerio del Interior cubano ubicado a las afueras de La Habana donde ha permanecido incluso después de dictarse la sentencia contra él.

El joven fue juzgado el 5 de octubre en Bayamo, en una vista de una jornada que duró once horas y en la que la Fiscalía pidió una condena de siete años de prisión mientras que la defensa de Carromero solicitó su libre absolución.

El juicio se centró exclusivamente en el delito de homicidio en accidente de tráfico y en ningún momento se aludió a la filiación política de Carromero ni a los motivos de su viaje a la isla o sus contactos con el movimiento opositor que lideraba Payá.

Tampoco hubo mención alguna a las versiones que desde el exilio cubano o algunos sectores de la disidencia interna han cuestionado la versión oficial del accidente y que apuntaban a la implicación de otro vehículo en el suceso.

Las autoridades cubanas permitieron que algunos medios internacionales siguieran la vista, en una sala aledaña al tribunal y mediante un circuito interno de televisión, aunque sin poder entrar a ese recinto con grabadoras, teléfonos móviles, cámaras u ordenadores portátiles.

Diez días después de un juicio que las autoridades consulares de España en la isla calificaron de "procesalmente impecable", se conoció la sentencia condenatoria contra Carromero: cuatro años de prisión.

Esta sensible rebaja respecto a los siete años solicitados por la Fiscalía abrió las expectativas de considerar un posible traslado o expulsión de Carromero a España.

Finalmente a mediados de diciembre, los gobiernos de España y Cuba alcanzaron un acuerdo para aplicar a Carromero un convenio bilateral de ejecución de condenas, que ambos países mantienen desde 1998, y poder trasladarlo a España.

De ese acuerdo también se ha beneficiado el alicantino Miguel Vives Cutillas, de 48 años y que hace cuatro años fue condenado en Cuba a 18 años de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Vives Cutillas viaja a España en el mismo vuelo de Carromero.

Desde que tuvo lugar el accidente en el que murió Oswaldo Payá, que tenía 60 años y era el impulsor del conocido "Proyecto Varela", la familia del opositor ha cuestionado siempre la versión del accidente de tráfico, ha reclamado una investigación independiente y ha defendido la inocencia del joven español, contra el que no presentó cargos.

Con la llegada de Carromero a España, queda por confirmarse cómo se concretará su condena y lo previsible es que se encargue de su caso un juez de vigilancia penitenciaria quien deberá decidir el lugar y régimen del cumplimiento de su pena.

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