El CEPC no ve factible incluir a los partidos en la ley de transparencia

Madrid, 17 abr.- El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, ha dicho hoy que ve un "problema técnico-jurídico serio" para la aplicación a las fuerzas políticas de la ley de transparencia y ha recomendado a los diputados que recurran a una reforma de la ley de partidos.

Benigno Pendás, que asesora como director del CEPC al Gobierno en materia de transparencia y regeneración democrática, ha comparecido como experto ante la Comisión Constitucional del Congreso, para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Pendás ha subrayado que es "rotundamente favorable a que los partidos estén sujetos a los criterios de la ley de transparencia", pero que debe hacerse "en el lugar sistemáticamente adecuado" y que no es factible que la jurisdicción contencioso-administrativa resuelva sobre los partidos.

A ese respecto se ha mostrado partidario de incluir en la futura ley de transparencia una "disposición adicional que diga que la transparencia de los partidos se regulará en su ley específica" e introducir en una reforma de la ley de partidos esos criterios de aplicación.

Los representantes del PSOE, CiU y la Izquierda Plural han rechazado esa fórmula y han abogado por "coger el toro por los cuernos" y por "no dejar pasar la oportunidad" de incluir a los partidos en la ley de transparencia.

El director del CEPC ha dicho que todavía lo ve "más difícil técnicamente, pero perfectamente factible, en el caso de los sindicatos y las organizaciones empresariales", y que no cree que deba estar en esta ley la Iglesia Católica.

Respecto a la Casa Real, ha afirmado que "no ofrece demasiados problemas la transparencia de aquellos gastos que son imputables a los departamentos ministeriales".

Pendás ha enumerado estos gastos: los viajes al extranjero imputables al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, los gastos de seguridad al Ministerio del Interior, los de vehículos oficiales a Hacienda y los de los palacios de Patrimonio Nacional al Ministerio de la Presidencia.

También ha apuntado que la inclusión de la Casa del Rey debe hacerse "en términos muy similares a los de los órganos constitucionales".

Pendás ha abogado por un "gran pacto" parlamentario en torno a esta ley, ya que, a su juicio, la sociedad lo vería "muy positivamente" y aumentaría la "legitimidad" de la norma.

Ha argumentado que, aunque "no hay soluciones mágicas", en tiempos de "inquietud democrática" esta ley es el mejor mensaje que se puede enviar a la sociedad; un "mensaje de aproximación entre la clase política y la sociedad civil, porque se está abriendo cierta brecha que hay que cerrar cuanto antes".

En la sesión de hoy ha comparecido también el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Alfonso Santamaría Pastor, que ejerció como letrado del Congreso.

Santamaría ha llamado la atención sobre el silencio que la ley de transparencia guarda sobre el poder judicial y los asuntos 'sub judice'.

Por su parte, Antonio Descalzo González, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, ha recomendado que el Portal de la Transparencia sea obligatorio también para las administraciones autonómica y local.

Descalzo ha propuesto que la agencia que vele por el cumplimiento de la transparencia no dependa del Gobierno y que se cree un "sistema de incentivos positivo" para los altos cargos.

Guzmán Garmendia Pérez, exdirector de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, ha hablado de la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto, aprobada en noviembre de 2012, y ha asegurado que el Gobierno navarro tiene incluso un "whatsApp" por el que habla con los ciudadanos.

A este respecto ha advertido de que la ley estatal nace "obsoleta", porque ni siquiera menciona internet, y ha reclamado la inclusión en su ámbito de aplicación de las "empresas que han recibido ayudas o subvenciones, por muy pequeñas que sean".