El cermi pide la reforma de la ley electoral para que 80.000 personas con discapacidad intelectual puedan votar

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado este miércoles al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, un cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Judicial (Loreg) para que las 80.000 personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en una reunión, celebrada este miércoles en la sede del Cermi, a la que también asistieron Marta González, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso; Francisco Vañó, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; Alberto Durán, secretario general del Cermi y vicepresidente de Fundación ONCE y presidente de ILUNION; Concepción Díaz, vicepresidenta del Cermi y presidenta de CNSE; Enrique Galván, presidente de la Comisión de RSE y Discapacidad del Cermi y director de Feaps; y Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi.
Pérez Bueno insistió en que España debe adaptarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y subrayó que “no se puede privar del derecho al voto a personas con discapacidad intelectual porque se trata de un derecho fundamental”. En este sentido, se refirió el caso de la concejala del PP con síndrome de down Ángela Bachiller que “tiene derecho a ser elegida pero no a votar”, en lo que ha considerado una “paradoja máxima”.
También se refirió a la accesibilidad en el marco de los procesos electorales y aseguró que aunque se ha avanzado en este terreno y por ley los locales y colegios electorales deben ser accesibles siguen sin serlo los programas electorales, los vídeos de campaña u otros materiales.
Además, Pérez Bueno señaló también la necesidad de modificar la “insuficiente” Ley de Propiedad Horizontal y lamentó que la normativa actual solamente establezca límite de coste en el ámbito de la accesibilidad, al tiempo que ha recordado que en la actualidad el 70% del parque de viviendas en España no es accesible.
Sobre la ley de jurisdicción voluntaria, solicitó que dos tercios de los bienes adjudicados al Estado por la no existencia de herederos legales o conocidos (abintestato) se destinen a fines sociales.
Asimismo, también se abordó durante el encuentro la actual tramitación parlamentaria de la Ley del Tercer Sector, un punto en el Pérez Bueno hizo entrega a Hernando de las enmiendas presentadas por el Tercer Sector al proyecto de ley.
Por su parte, Rafael Hernando se mostró dispuesto a estudiar las peticiones del Cermi e intentar generar un consenso para la reforma de la ley electoral.