El CGPJ no admite el amparo solicitado por el juez del caso Blesa

Madrid, 24 jun.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha inadmitido de plano la petición de amparo del juez Elpidio José Silva, instructor de la causa en la que ordenó el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa anulada por la Audiencia Provincial de Madrid.

El acuerdo del Consejo, alcanzado por unanimidad, subraya que este órgano, "lejos de acceder al amparo demandado ante sensaciones subjetivas, los ataques denunciados deben alcanzar una entidad que, por su repercusión, su intensidad, su momento procesal o su contenido personal, ponga en serio riesgo la capacidad de cualquier juez para decidir sin presiones determinantes".

Según los cinco vocales, que argumentan que la petición ha sido extemporánea y se ha realizado fuera de plazo, el CGPJ "no puede entrar en el análisis de los procesos judiciales que se instruyen o tramitan".

"Cabe constatar, en este supuesto concreto, que las actuaciones en cuyo marco se inscribe la solicitud de amparo que motiva el presente acuerdo, han sido declaradas nulas" por el tribunal madrileño.

En su escrito, Silva denunciaba "el acoso institucional y mediático" que viene "sufriendo" desde finales de noviembre, cuando abrió la causa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans, anulada el pasado miércoles y que supuso que un día después el banquero abandonara la prisión.

A su juicio, se han sucedido "acontecimientos y comportamientos injustificados y absolutamente desproporcionados" sobre su persona, que provienen del presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner -que no ha participado por esta alusión en la reunión- la Fiscalía y varios medios de comunicación.

"Por mi carácter de independiente, por no haber permitido la injerencia en el trabajo que realizo y desempeño, por no sucumbir a las presiones de ciertas 'personalidades y autoridades', me he visto perseguido, acosado y vilipendiado interna y públicamente en el sistema judicial", subraya el magistrado.

Silva cita las declaraciones que Moliner realizó en Sevilla el pasado 23 de mayo, en las que confió en que el expediente que instruye el CGPJ contra el juez desde el pasado abril "llegue a buen fin" después de que el Tribunal Supremo anulara otras sanciones anteriores.

En este sentido, el CGPJ señala que la solicitud de amparo ha sido extemporánea, al igual que la reclamada por el "acoso institucional" que dice haber sufrido en otros destinos desde que empezara a ejercer en 1991.

Silva lamenta el "historial de investigaciones institucionales", y las "pesquisas generalizadas de investigación" de la Fiscalía de Madrid "por una supuesta desatención en el ejercicio de la potestad jurisdiccional", conducta que "se parece más a una tentativa de 'purga judicial'".

Dicho expediente, que no está relacionado con el caso Blesa, podría acabar con su expulsión de la carrera judicial, ya que se le imputan dos faltas muy graves -una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones- y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado.

Además, Silva menciona una inspección ordinaria que llevó a cabo el CGPJ, pese a que el Tribunal Superior de Madrid ya practicó una en 2011 "cuyo resultado fue la buena marcha del Juzgado".

"En el transcurso de 4 años, he sufrido la tramitación de cuatro expedientes disciplinarios, un expediente de jubilación forzosa y un proceso penal por desobediencia", lamenta Silva para criticar que el expediente "está siendo utilizado como arma arrojadiza para perturbar" su "adecuada dedicación" y "debida tranquilidad".

Respecto a estos argumentos, el CGPJ considera que la Fiscalía "ha actuado en el marco que le confiere la ley".

En relación con su petición de "que se requiera a los periodistas, fiscales y ciudadanos" que "cesen inmediatamente en las manifestaciones de escarnio publico e imputaciones calumniosas, el CGPJ responde que "la crítica de las resoluciones judiciales no sólo es admisible sino necesaria en un Estado de Derecho".

De esta forma, cree que las manifestaciones a las que hace referencia "entran dentro de la crítica admisible, no producen por ello injerencia en la independencia judicial, y en consecuencia no son susceptibles de motivar la concesión del amparo".