Córdoba.- La presidenta de la Comisión de Comunicación y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha planteado hoy la necesidad de poner en marcha medidas educativas que impidan que los menores de 12 años comentan infracciones penales.
Bravo, que asiste junto a catorce jueces y diez fiscales andaluces a la jornada "Perspectiva jurídica y social de los menores del siglo XXI" que se celebra hoy y mañana en Córdoba, ha declarado a los periodistas que "no se puede legislar a golpe de telediario", en referencia a las reformas planteadas por un sector de la sociedad que pide un endurecimiento de la norma para los jóvenes infractores.
Ha dicho que "no se puede utilizar el dolor de las víctimas para pedir el endurecimiento de la ley", ya que, aunque las familias se merecen "todo el respeto y apoyo institucional", cualquier cambio de normativa debe plantearse desde "la reflexión parlamentaria y la valoración jurídica".
En las jornadas se abordarán los problemas en la ejecución de las medidas penales que los jueces imponen a los menores pero que, según Bravo, "muchas veces son una lacra", ya que el magistrado solicita la imposición de sanciones a los infractores pero al dilatarse su aplicación -competencia adquirida por la mayoría de las comunidades autónomas- la sanción se aplica pasados seis meses de la comisión del delito, "cuando la pena ya no tiene significado realizarla".
La portavoz del CGPJ ha insistido en la necesidad de desarrollar políticas sociales efectivas, solicitud que los jueces llevan "años pidiendo", ya que ha afirmado que "si las medidas educativas de prevención en el ámbito de la protección de los menores en riesgo de exclusión social realmente funcionaran a partir de los 12 años, se podrían evitar los episodios que hoy todos lamentamos".
Por su parte, el vocal del CGPJ Pío Aguirre, que también ha mostrado su oposición a la reforma de la Ley del Menor, ha recordado que "la norma funciona en el noventa y nueve por ciento de los casos", por lo que ha insistido en que "no se puede cambiar cada vez que ocurra algo singular".
Además, ha afirmado que los jueces no van a resolver los problemas de la sociedad, ya que a pesar de existir un Código Penal la gente sigue robando y matando.
Los principales problemas en la aplicación de la ley son de índole económico por parte de las comunidades autónomas, según Aguirre.
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