Madrid, 15 sep.- El pleno del Congreso, con 182 votos a favor, 5 en contra y 150 abstenciones, ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Aguas para otorgar determinadas competencias de vigilancia y control de los ríos a las comunidades que las tienen recogidas en sus estatutos de autonomía, que son Andalucía, Cataluña y Aragón.
Según ha subrayado en el pleno la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, la nueva norma da cumplimiento a las previsiones estatutarias, respetando la reciente doctrina del Constitucional, y contribuye además a la seguridad jurídica en las relaciones entre las comunidades en materia de aguas.
Entre otros objetivos, esta modificación busca solucionar el problema que se planteó tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo los preceptos del Estatuto de autonomía andaluz que otorgaban al gobierno regional competencias sobre la cuenca del Guadalquivir.
En concreto, se transfieren competencias en materia de "policía de dominio público hidráulico", es decir, que las comunidades se encargarán de inspeccionar los ríos en su territorio, vigilar que se cumplen las condiciones en las concesiones, informar sobre crecidas y controlar la calidad de las aguas, tramitando los procedimientos hasta la propuesta de resolución.
El Gobierno de Castilla y León también aspira a recibir estas competencias, ya que también vio cómo el Tribunal Constitucional declaraba nula la disposición de su estatuto que le atribuía la gestión del Duero.
Pero su Estatuto no recoge expresamente la posibilidad de asumir las competencias de "policía de dominio público hidráulico", como sí hace el andaluz.
El Gobierno incluyó la modificación de la ley de aguas en un decreto con el que también ha reformado la ley de Enjuiciamiento Civil para aplicar el Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques.
A pesar de estar de acuerdo con buena parte de la norma, el grupo popular ha optado por la abstención.
Según ha manifestado su portavoz, Arturo García Tizón, los reales decretos deben reservarse a materias de especial "excepcionalidad y urgencia" y el Gobierno no ha justificado que esta reforma, que ha calificado de "inconexa y desordenada", lo exija.
La diputada de ICV también ha justificado su abstención en las formas, ya que el decreto ha llegado a la Cámara sin haber sido debatido en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo Nacional de Medio Ambiente.
Por su parte, como diputada por Huelva, la socialista Fátima Aburto ha elogiado un decreto que, en otra de sus disposiciones, declara de interés general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego en su provincia, lo que permitirá las expropiaciones forzosas necesarias.
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