El Congreso inicia hoy el debate en ponencia de la Ley de Transparencia

Madrid, 2 jul.- El Congreso constituye hoy la ponencia que debatirá las más de 300 enmiendas parciales que presentaron los grupos parlamentarios el pasado 21 de junio a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se prevé pueda estar aprobada en comisión a finales de mes.

La reunión de la ponencia, a puerta cerrada, tiene como misión fijar el calendario de tramitación de la norma, que se espera pueda tener el visto bueno del pleno ya durante el mes de septiembre.

Si los plazos discurren según lo previsto por el Gobierno, el Senado estudiaría la ley durante el otoño, de forma que podría estar aprobada definitivamente antes de que acabe el año.

PP y PSOE, que han protagonizado las negociaciones en los últimos meses, confían en atraer al consenso también a los nacionalistas de CiU y PNV que, a última hora, decidieron también retirar su enmienda a la totalidad en aras de un acuerdo más amplio.

Entre las enmiendas presentadas por los grupos y que ahora serán debatidas por la ponencia, destaca una acordada por el PP y el PSOE que establece que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la que tramite las peticiones de información sobre la Casa del Rey.

El PP fija también que las entidades privadas que tengan al menos el 50 por ciento de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estén sujetas a esta ley -siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros-, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros.

Por su parte, el PSOE rebaja al 40 por ciento ese porcentaje, al igual que CiU, mientras que IU y UPyD no establecen ningún límite de ingresos públicos al respecto.

En el ámbito de las instituciones, se incorporan al ámbito de aplicación a la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Entre las sesenta enmiendas del PSOE, destaca su rechazo a que se pueda inhabilitar o cesar a cargos electos, como alcaldes o concejales, por incumplir los preceptos de la norma, al considerarlo inconstitucional, enmienda en la que coincide con CiU.

Los socialistas rebajan además las restricciones de acceso a la información, que en la norma remitida inicialmente al Congreso afectaba a amplias áreas del Gobierno, y las deja en aquellas que causen un perjuicio grave para la seguridad nacional, las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la investigación penal o el secreto profesional, entre otros.