El Consejo de Ministros aprueba mañana la ley de acción exterior

Madrid, 13 jun.- El Consejo de Ministros aprobará mañana la ley de acción exterior que pretende poner orden y coordinar la labor de las diferentes instituciones y administraciones en el extranjero y conseguir así "una diplomacia del siglo XXI", en palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Esta norma se lleva al Consejo de Ministros tras superar un trámite de audiencia pública y después del informe favorable del Consejo de Estado.

Así, el Consejo de Ministros dará luz verde a esta ley, cuyo anteproyecto aprobó el Ejecutivo el pasado 1 de marzo, y la remitirá a las Cortes, después de superar la Comisión de Subsecretarios y el dictamen favorable del Consejo de Estado.

El ministro confesó hace unos días que ha mantenido conversaciones con la Generalitat de Cataluña para limar problemas ante la ley, cuyo objetivo es que todas las instituciones actúen en el extranjero bajo una dirección política con los mismos fines.

Ya en la presentación del anteproyecto García-Margallo trató de atajar los recelos de la Generalitat al afirmar que con esta norma se pretende "ayudar" y no "controlar" a las comunidades autónomas.

El jefe de la diplomacia española recalcó entonces que con este proyecto busca "poner orden en la situación caótica" que ha "heredado" el Gobierno, que no sabe ni el número de funcionarios ni de edificios que tiene en el exterior, ni "quién está haciendo qué".

El objetivo, explicó el ministro, es contar con "una diplomacia del siglo XXI", clave para la salida de la crisis económica, y superar así normas obsoletas que datan de principios del siglo XX, consagrando los principios de unidad de acción, lealtad institucional, planificación, eficiencia y transparencia.

La ley refuerza la capacidad del Gobierno, como director de la "política exterior", para coordinar la acción exterior, que realizan muchos agentes en ejercicio de sus competencias: la Corona, el Ejecutivo, las Cortes, las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades, los ayuntamientos y los organismos públicos.

Será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, documentos que serán completados con el plan director de cooperación -también cuatrienal- y con los informes de la Marca España.

El texto del anteproyecto de ley señala que los gobiernos autonómicos deberán informar también de sus viajes al Ministerio de Asuntos Exteriores para que embajadas y consulados puedan preparar sus visitas y organizar su logística, pero también para recibir "recomendaciones", de modo que no haya "contradicciones" en la política exterior española hacia un determinado país.

Se pondrá además a disposición de los presientes autonómicos personal de la carrera diplomática y García-Margallo destacó en su momento que se prestará "especial atención" a la difusión en el exterior de las lenguas cooficiales.