El Consejo de Seguridad pone en marcha su comité de sanciones a Libia

Naciones Unidas.- El comité de sanciones a Libia del Consejo de Seguridad de la ONU celebró hoy su primera reunión tras la adopción hace casi un mes de la resolución 1.970, que establece medidas punitivas contra el régimen de Muamar el Gadafi.

La primera decisión del órgano presidido por el embajador de Portugal ante la ONU, José Filipe Moraes Cabral, fue enviar una comunicación a los 192 miembros de Naciones Unidas recordándoles la obligación de informar antes del 26 de julio de las iniciativas que han tomado para aplicar las sanciones.

También agregó a la lista de sancionados los nombres de las personas y las entidades libias mencionadas en la resolución 1.973, adoptada la semana pasada y que autorizó el uso de la fuerza para proteger a la población civil libia de las fuerzas leales a Gadafi.

Entre los nuevos sancionados se encuentra Quren el Gadafi, embajador de Libia en Chad, y el gobernador de la provincia sureña de Ghat, el coronel Amid Husain el Kuni, a los que se acusa de participar en el reclutamiento de mercenarios para luchar contra los rebeldes opuestos al Gobierno de Trípoli.

También se sanciona con la congelación de bienes al Banco Central de Libia, la Autoridad de Inversiones de Libia, el Banco Exteriores de Libia, un fondo de inversiones libio en África y la empresa estatal de petróleo.

Se considera que el régimen puede utilizar estas entidades como fuentes de financiación, ya que, según la ONU, están bajo el control directo del líder libio y de su familia.

Estas personas y entidades se suman así a la lista de 22 sancionados que aparecen en la resolución 1.970, que incluye a Gadafi, su familia y su círculo más cercano de colaboradores, a los que se les prohíbe viajar y se les congelan los bienes.

El máximo órgano de seguridad internacional adoptó esa resolución el pasado 26 de febrero, con la intención de detener la violenta represión por parte del Gobierno libio de protestas populares en su contra.

Casi tres semanas después, se adoptó una segunda resolución, la 1.973, en la que se autorizan "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil y establecer una zona de exclusión aérea. Además, endurece las sanciones anteriores y el embargo de armas decretado al país.

El embajador portugués tiene previsto informar al pleno del Consejo de Seguridad de las acciones emprendidas por el comité el próximo lunes.