Lisboa, 13 ago.- El Tribunal Constitucional de Portugal analizará la ley que facilita la salida de funcionarios, después de que el presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, pospusiera su decisión de sancionar la norma y se la remitiera a esa corte para ver si cumple con lo establecido por la Carta Magna.
La Jefatura de Estado lusa informó hoy de que Cavaco Silva requirió el dictamen del alto tribunal para comprobar si esta norma, aprobada en julio en el Parlamento por la mayoría conservadora, respeta el concepto de "causa justa, despido, régimen de derechos, libertades y garantías y el principio de protección de la confianza".
El Constitucional portugués deberá pronunciarse al respecto en un plazo máximo de 25 días.
La nueva norma sobre el funcionariado, conocida técnicamente como "recalificación de trabajadores de la función pública", es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas de Portugal y está incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros.
Su aplicación pretende facilitar la desvinculación laboral de funcionarios (especialmente profesores) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que, a partir de ahora, marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.
Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral, con derecho a la prestación por desempleo.
Cavaco Silva también analiza actualmente otra de las polémicas leyes sobre el funcionariado aprobadas por el Gobierno conservador y que propone aumentar de 35 a 40 horas semanales el horario de los trabajadores públicos, aunque por el momento se desconoce su decisión.
A pesar de ser una figura prominente del partido que lidera el Gobierno, el Social Demócrata (centroderecha), Cavaco Silva ya envió al Tribunal Constitucional varias medidas de ajuste incluidas en los Presupuestos de 2013, entre ellas recortes de salarios públicos, pensiones y subsidios de desempleo y enfermedad.
El alto tribunal consideró ilegales estas leyes, que ahorrarían al Estado unos 1.300 millones de euros, lo que llevó al Ejecutivo a compensar esa suma con una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el aumento de 35 a 40 horas semanales del trabajo de los funcionarios o el retraso de la edad de jubilación de 65 a 66 años.
La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entidades que concedieron en 2011 el rescate financiero a Portugal, recomiendan al Ejecutivo de Pedro Passos Coelho reducir el cuadro de funcionarios.
Actualmente el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 % de la población en edad laboral, aunque su peso ha ido cayendo desde el inicio de la crisis.
En los últimos meses, se han sucedido las manifestaciones sectoriales de docentes (el 40 % del total de los funcionarios), de los representantes del transporte e incluso de las Fuerzas Armadas que desembocaron el pasado 27 de junio en una nueva huelga general, la cuarta en apenas dos años.
Los sindicatos han alertado de que el Gobierno podría aprobar el despido de cerca de otros 30.000 empleados entre 2013 y 2014, mientras que los partidos de la oposición de izquierda consideran que el aumento de las horas de trabajo es inconstitucional.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios