El defensor del pueblo reprueba las detenciones policiales con "exposición mediática"

La Oficina del Defensor del Pueblo ha expresado su "preocupación" por la "exposición mediática de los actos de detención", y ha pedido a las fuerzas policiales "que extremen el celo" para impedir estas situaciones "degradantes".
Así lo señala la institución que dirige en funciones María Luisa Cava de Llano en las conclusiones del "Primer Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)", que hizo público este miércoles.
Para el Defensor, "la imagen de personas esposadas saliendo de sus casas o accediendo a edificios policiales y judiciales constituye un contenido habitual de programas de información e incluso de entretenimiento".
"Esta situación supone el total desconocimiento de las normas que para la práctica de la detención establece el apartado 1 del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las fuerzas policiales deben extremar el celo a fin de impedir este tipo de situaciones, dado que constituyen por sí mismas tratos degradantes", reclama el informe.
El Defensor también hace una alusión a la prensa cuando señala que "dada la extendida práctica observada por los responsables de la seguridad de dar rápida cuenta a través de los medios de comunicación de las detenciones de miembros de bandas armadas o elementos terroristas", ha perdido fuerza como justificación de la detención incomunicada" el asegurar que el acceso a las pruebas no quedara comprometido por el conocimiento del hecho de la detención, así como el de evitar que la difusión de la detención entre los miembros de una banda o grupo sirviera para que posibles cómplices u otros miembros de la organización eludieran la acción de la justicia.
El Defensor también pide que las denuncias por torturas sean investigadas "hasta sus últimas consecuencias", y en especial, se adopten medidas legislativas para evitar que ninguna persona, independientemente de su situación, pueda ver mermado su derecho a que sus denuncias sean investigadas y adecuadamente resueltas por un juez.
La oficina de Cava de Llano también pide que se generalice el uso de la videograbación. A su juicio, el criterio general debiera ser extender estos medios técnicos a todas las dependencias en las que puedan permanecer personas privadas de libertad, con excepción de las salas para entrevistas reservadas con abogados o ministros religiosos, los cuartos de baño y, en los supuestos de privaciones de libertad de media o larga duración, de las celdas o habitaciones.
El informe es el resultado de cerca de 300 visitas preventivas y sin previo avisos a centros privativos de libertad, de las cuáles 231 son reflejadas en el estudio.