El Estatuto de Castilla-La Mancha, el segundo retirado de las Cortes tras el canario

Madrid.- La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, cuya tramitación se ha acordado hoy retirar de las Cortes Generales, será la segunda, tras la de Canarias, que se devolverá a su parlamento regional, en este caso, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos en materia de agua.

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha decidido hoy, con el voto a favor de los diputados socialistas y el rechazo de los del PP, solicitar la retirada de la propuesta de reforma del texto estatutario tras tres años bloqueado en el Congreso de los Diputados.

Con anterioridad se retiró la reforma del Estatuto de Canarias, cuyo trámite se había acordado iniciar en el pleno del Congreso del 6 de febrero de 2007.

En octubre de ese año y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en la tramitación de la reforma en la Comisión Constitucional por parte del PSOE, PP y CC, el Gobierno canario anunció que pediría la retirada del texto.

Esta se materializó el 12 de diciembre de ese año al pedirla el Parlamento de Canarias, mientras que el presidente de este Ejecutivo, Paulino Rivero, anunció que se presentaría un nuevo estatuto.

En cuanto al de Castilla-La Mancha, la falta de acuerdo sobre la política hídrica motivó que la Comisión Constitucional aprobara, el pasado 21 de abril, el dictamen sobre la reforma del Estatuto sólo con los votos socialistas, lo que, en la práctica, implicaba la retirada del texto.

En concreto, los diputados del PP votaron en contra tanto del preámbulo como del articulado después de que el PSOE hiciera lo mismo con la enmienda transaccional presentada en el último momento por los 'populares', en la que se proponía mantener la alusión a los 4.000 hectómetros cúbicos pero se suprimía el término "reserva".

El grupo socialista anunció en su momento que renunciaría a continuar la tramitación del Estatuto sin el apoyo del PP, de modo que el siguiente paso era que las Cortes de Castilla-La Mancha, como Parlamento proponente, solicitaría la retirada del texto del Congreso.

Inicialmente la reforma, que preveía la supresión del trasvase Tajo-Segura en el año 2015 y una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos, salió adelante en el Parlamento regional con el apoyo de los dos grandes partidos, incluido el voto a favor de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Posteriormente, De Cospedal fue nombrada secretaria general del PP, lo que le obligó a atender los intereses de las distintas comunidades, incluido el trasvase del Tajo al Segura, y a terciar entre las diferencias regionales.

La Comunidad Valenciana y la murciana adelantaron entonces su oposición frontal a este texto, especialmente en lo que atañe al tema del agua, y sobre todo desde las filas del PP de estas autonomías.

A pesar de todo, la reforma fue admitida a trámite en el Congreso el 14 de octubre de 2008, si bien el PP, al constatar el malestar generado en estas Comunidades, se mostró reticente y dispuesto a cambiarlo en el debate parlamentario.