El exalcalde de Toledo (PP) llega a la AN para declarar en el caso Bárcenas

Madrid, 24 nov.- El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) ha llegado a las 15.00 horas a la Audiencia Nacional para responder como imputado ante el juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, por la supuesta adjudicación irregular en 2007 de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una comisión de 200.000 euros.

Molina, vestido con traje oscuro, ha llegado andando a la sede de la Audiencia Nacional junto a su abogado y al ser abordado por las cámaras, que esperaban su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim, ha declinado hacer declaraciones.

El juez le ha citado para aclarar la concesión de esa adjudicación a Sufi, ya que se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por responsables de Sacyr al extesorero del PP Luis Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP , María Dolores de Cospedal.

En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de 14 años, que finalmente costó al consistorio 11 millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).

Por estos hechos está también previsto que comparezca ante el juez en calidad de testigo el sucesor de Molina en la Alcaldía de Toledo, Emiliano García Page (PSOE), quien ha sido citado a las 18.00 horas y que poco antes de viajar a Madrid ha anunciado que declara con el ánimo de que "se aclare si hubo o no 200.000 euros y dónde están".

"La parte que puedo aportar solo hace referencia a en qué condiciones nos encontramos la contratación, el marrón que nos encontramos", ha incidido el alcalde de Toledo, que ha definido la situación de aquel contrato como "un marrón muy grande" por "los sobrecostes que ha tenido que afrontar la ciudad de Toledo" y ha advertido de que "no es el único contrato".

García Page, en su condición de senador, ha renunciado a la posibilidad que le ofrece la ley de declarar en su despacho oficial, privilegio que tampoco ha querido hacer valer el diputado del PP Sebastián González, a quien el juez también ha llamado a declarar como testigo por estos hechos a las 16.00 horas.

Otro de los citados hoy por el juez, también en calidad de testigo y a las 17.00 horas, es el ex viceinterventor municipal del Ayuntamiento de Toledo Francisco Javier Sánchez Rubio, autor del informe de fiscalización del 21 de enero de 2008 y que fue incorporado al expediente investigado.

Con estas citaciones, el magistrado pretende completar la investigación de estos hechos denunciados por Bárcenas "al efecto de constatar la realidad o no de los mismos, y, en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas", lo que supondría la remisión de estas pesquisas al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.

Uno de esos aforados sería el actual presidente de las Cortes castellanomanchegas, Vicente Tirado, ya que, según explicó Bárcenas al juez, en su condición entonces de secretario general del PP en esa comunidad, estuvo enterado de la negociación.

Por esa contrata ya estaba imputado en esta causa el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, quien supuestamente recibió de Bárcenas los 200.000 euros que supuestamente entregó Sacyr y que aparecen anotados en la contabilidad paralela que llevó el extesorero.

En un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se analiza la operación, se menciona a Cañas como receptor del dinero, a Tirado como el destinatario de los 200.000 euros y al también imputado Lamberto García Pineda -extesorero del PP regional- como participante directo en el proceso de adjudicación al ocupar el cargo de presidente de la mesa de contratación.