El fiscal pide 30 años para el último acusado del asesinato de Ordóñez (PP)

Madrid.- La Fiscalía pedirá el próximo miércoles 30 años de prisión para el etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, por el que ya fueron condenados Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", y Valentín Lasarte Oliden.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa a Carasatorre de un delito de asesinato y pide también que se le prohíba volver a San Sebastián y al lugar de residencia de la familia de la víctima durante cinco años a partir de que alcance cualquier modalidad de libertad.

Según el fiscal, Carasatorre, junto con "Txapote" y Lasarte, decidieron dar muerte al concejal del Ayuntamiento donostiarra Gregorio Ordóñez.

Para ello, García Gaztelu y Carasatorre comunicaron a Lasarte que debía vigilar y controlar los horarios y costumbres de Gregorio Ordóñez durante las Navidades de 1994.

Tras someter al edil a vigilancia, Lasarte dijo a García Gaztelu que de "hacer algo" tenía que ser al mediodía "porque el objetivo" no era "nada sencillo".

Cuando el día del crimen, ocurrido el 23 de enero de 1995, Lasarte estaba vigilando al concejal, vio cómo sobre las 14 horas entraba en el restaurante "La Cepa" de la capital donostiarra junto a su secretaria personal, María San Gil, Enrique José Villar e Icíar Urtasun.

Inmediatamente -sigue el relato de la Fiscalía- Lasarte se dirigió al piso que semanas antes había sido alquilado por la banda terrorista, situado en el barrio del Gros, y señaló a García Gaztelu y al procesado Carasatorre que en ese momento podían "ejecutar la acción".

Sobre las 15:30 horas, Gaztelu y Carasatorre entraron en el restaurante "La Cepa", cubriéndose uno de ellos la cabeza con la capucha de un chubasquero y dirigiéndose a donde se encontraba Gregorio Ordóñez, a quien disparó a 30 ó 40 centímetros de distancia en la cabeza "de forma súbita e inesperada".

Alcanzado "el objetivo", el agresor y su acompañante huyeron corriendo.

La pistola utilizada fue encontrada cerca del coche utilizado en la huida tras el atentado contra el cuartel de Arnedo (La Rioja) el 17 de agosto de 1995.

Por otra parte, la Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves al presunto etarra Jesús María Puy Lecumberri, para quien la Fiscalía pedirá nueve años de prisión por los delitos de tenencia de armas y explosivos.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, las huellas de Puy -vinculado al "comando Nafarroa" de ETA desde los años noventa- fueron halladas en un cuaderno con instrucciones para la confección de artefactos explosivos intervenido en la vivienda de otro presunto etarra, Aitor Lorente Bilbao, tras la desarticulación del "comando Vizcaya" en 1997.

La Fiscalía considera por éste y otros indicios que el procesado tuvo "plena capacidad de disposición" sobre las armas y los explosivos encontrados en el domicilio de Lorente.

Puy Lecumberri fue expulsado a España desde Francia el 1 de febrero de 2007, tras haber cumplido condena en el país galo por asociación de malhechores.