El fiscal pide al Supremo que confirme la condena al juez Urquía por cohecho

Madrid, 21 feb.- La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido hoy que se confirme la condena a dos años de prisión y 17 de inhabilitación impuesta al juez Francisco Javier de Urquía por pedir dinero a través de un amigo a uno de los imputados en la "operación Hidalgo", a quien posteriormente dejó en libertad provisional.

Durante la vista celebrada hoy en la Sala de lo Penal del TS, el representante del Ministerio Público ha solicitado que se rechacen los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a Urquía por los delitos de prevaricación continuada y cohecho.

El TSJA consideró acreditado que el extitular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella se puso de acuerdo con su amigo A.F.A, también condenado a dos años de prisión por cohecho, para pedirle 60.000 euros a A.K., uno de los imputados en la "operación Hidalgo", a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su mujer y su sobrino.

La defensa de Urquía ha pedido al Supremo la absolución del juez, al considerar que la sentencia tiene una "total falta de fundamentación" y contradice la doctrina del alto tribunal sobre la prevaricación, que estima que es necesario acreditar con un análisis objetivo que ha existido una decisión arbitraria.

Algo que, a su juicio, no se cumple en este caso, ya que, según el abogado defensor de Urquía, la libertad provisional que dictó para A.K, "era la única medida posible" que podía adoptar.

En su opinión, el tribunal andaluz condenó al juez por prevaricación "simplemente por la intención" de obtener una dádiva, contradiciendo la doctrina que el Tribunal Supremo ha establecido en numerosas sentencias, y entre otras ha citado expresamente la que el pasado 9 de febrero condenó a Baltasar Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".

"Es evidente que absolver al inocente, aunque hubiera mediado dádiva, no es prevaricación, no es una decisión arbitraría", ha dicho el letrado recalcando que considerarlo así nos retrotraería a "otros periodos totalitarios".

Un argumento que ha rebatido el fiscal, que, por el contrario, cree que la decisión del juez de decretar la libertad provisional del imputado no era la única medida posible.

En este sentido, ha recordado que, como dictaminó el tribunal andaluz, Urquía dictó la libertad provisional de A.K. sin comprobar con la Audiencia Nacional que los hechos que se le imputaban eran los mismos que los investigados en otra causa abierta en Bélgica y sin argumentar la libertad por la existencia de arraigo y la ausencia de riesgo de fuga.

En opinión de la Fiscalía, la actuación de Urquía fue "claramente prevaricadora" basada en su "criterio personal de hacer lo que él quería".

Al igual que el abogado de Urquía, las defensas del resto de los condenados por el TSJA, entre ellos el supuesto amigo del juez que pidió el dinero a A.K y éste último, también han pedido que se revoque la sentencia.