El fiscal pide juzgar a blanco por tráfico de influencias y prevaricación


La Fiscalía ha solicitado al instructor del ‘caso Campeón’, el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que requiera al Congreso de los Diputado el suplicatorio necesario para poder juzgar al exministro de Fomento José Blanco por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación por las gestiones que habría realizado a favor de un empresario amigo suyo.

El fiscal encargado del caso, Manuel Dolz, ha remitido al instructo del Supremo un escrito en el que solicita que se curse el suplicatorio para “imputar formalmente” a Blanco por las gestiones que realizó para que la empresa de transportes Azkar, de su amigo de la infancia José Antonio Orozco, obtuviese las licencias necesarias para poder utilizar un almacén en las cercanías del aeropuerto de El Prat (Barcelona).
El representante del Ministerio Público ha decidido dejar por el momento fuera del procesamiento los demás hechos investigados en relación con la presunta implicación de Blanco en la trama de captación y desvió de ayudas y subvenciones públicas dirigida por el empresario Jorge Dorribo y destapadas en el “caso Campeón”.
El escrito comienza señalando que Blanco “mantiene una relación personal de amistad con el empresario José Antonio Orozco”, consejero delegado de la empresa de transportes Azkar. Esta amistad “ha propiciado que Orozco le haga partícipe de proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a empresarios amigos la actuación del Blanco ante Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la consecución de los mismos”.
GESTIONES DE BLANCO
El escrito relata que el 15 de diciembre de 2010 Orozco solicitó a Blanco “que influyera ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Jaume Bosch (PSC), para la consecución de una licencia ambiental favorable, que había solicitado su empresa ante dicho Ayuntamiento en fecha 4 agosto 2010, la cual estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos”. Azkar necesitaba la licencia para utilizar un gran almacén cerca del aeropuerto de El Prat.
El fiscal Dolz señala que Blanco realizó una serie de actuaciones con las que consiguió que Orozco obtuviera en marzo de 2011 la citada licencia municipal “sin el coste señalado”. Blanco articuló sus actuaciones a través del que fuera Secretario de Transportes, Isaías Taboas, quien se encargó de hablar con Bosch para que “se removieran los obstáculos que impedían la concesión de la licencia”.
Gracias a estas gestiones, Bosch acabó reuniéndose el 9 de febrero de 2011 en el Ayuntamiento con Orozco, a quien le fue concedida la licencia “obviando los requerimientos municipales”.
Una vez allanados los obstáculos para conseguir la licencia, Orozco telefoneó ese mismo día Blanco y le pidió que actuara en su propio ministerio para que AENA agilizase los trámites para poder utilizar el almacén.
El escrito recoge las conversaciones intervenidas a Orozco por orden judicial. En una de ellas, mantenida el 10 de febrero de 2011, Orozco da cuenta a un amigo de la reunión con Bosch y de las facilidades que le ha dado para obtener la licencia y señala que “siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país”. El empresario también indica a su interlocutor que es de la “liga oculta” de Blanco, que “procura nunca quedar con él en ningún sitio notorio donde se nos pueda ver” y que “quedamos en lugares de poco tránsito”. “Y él me va arreglando las cosas”, dice por último refiriéndose a Blanco.
El escrito señala asimismo que Orozco también trasladó al exministro de Fomento “la problemática de una empresa vinculada al primero por razones comerciales incursa en proceso de expropiación con motivo de la ampliación del aeropuerto de La Coruña, ubicada en Culleredo (La Coruña) propiedad de la empresa Grafoplas del Noroeste, representada por Rafael Fernández Maestre”.
REUNIÓN CON DORRIBO
El fiscal Dolz pide que por el momento queden fuera del suplicatorio las supuestas gestiones realizadas por Blanco para Dorribo. Este empresario aseguró en una de sus declaraciones como imputado que antes de entrevistarse con Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) entregó a su primo político un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 para que el entonces ministro intermediara para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su empresa farmacéutica, Laboratorios Nupel.
El escrito del fiscal Dolz señala que la petición del suplicatorio se limita a las supuestas gestiones del exministro de Fomento a favor de Orozco “sin perjuicio” de que la investigación continúe para comprobar los indicios “que permitan sustentar con mayor solidez” la comisión por parte de Blanco de un delito de cohecho. En este sentido, el instructor está pendiente de recibir un último informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

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