El fiscal pide que se confirme la responsabilidad de la Caixa y Caja Madrid en Gescartera

Madrid.- El Ministerio Fiscal pidió hoy al Tribunal Supremo que confirme "en todos sus extremos" la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gescartera, que condenó a penas de prisión a ocho acusados y a La Caixa y Caja Madrid Bolsa a sufragar 87,99 millones como responsables civiles subsidiarios del agujero.

Ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el Ministerio Público sostuvo que "es incierto que la Audiencia Nacional incurriera en un exceso" al condenar a las dos entidades a responder subsidiariamente de todo el déficit de la agencia de valores, ya que así lo pidió el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota en su escrito de conclusiones definitivas durante el juicio oral.

La Abogacía del Estado también defendió que la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y Caja Madrid Bolsa no debe cuantificarse, como solicitaban ambas entidades, a partir del momento en que empezaron a trabajar con Gescartera, sino a "todos los daños derivados del delito, que no son específicamente los que se han derivado de los hechos" de los que son responsables.

El Fiscal arremetió contra La Caixa y Caja Madrid al negar que hubieran actuado conforme a la práctica bancaria y a la legislación vigente y les recriminó que su vinculación con Gescartera retrasó la intervención de la agencia de valores hasta junio de 2001, pese a los expedientes administrativos abiertos con anterioridad.

"La confianza que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenía en dos entidades prestigiosas como Caja Madrid y La Caixa consiguió que la situación (de despatrimonialización) se mantuviera durante 18 meses, aquellos en los que la voracidad de los apropiadores fue más manifiesta", afirmó la Fiscalía.

También criticó que Caja Madrid y La Caixa trabajaran con la agencia de valores pese a los problemas que tenía al afirmar que esa conducta persiguió su propio beneficio, ya que "la actividad de Gescartera generaba un río de comisiones que resultaban muy atractivas".

En relación con los directivos de la oficina de La Caixa en Majadahonda (Madrid) -que fueron condenados a tres años de cárcel como cómplices de un delito de apropiación indebida, lo que conllevó que la caja catalana fuera declarada responsable subsidiaria- el Ministerio Público rechazó que hubieran realizado "actos neutrales", como defendió la entidad.

En su opinión, los certificados que aportaron "ocultaron la aparición del déficit, haciendo creer que Gescartera contaba en La Caixa con fondos suficientes", por lo que "no fueron actos neutrales, sino encaminados directamente al mantenimiento de esa confianza y de una situación que perjudicó a los clientes".

"La actividad nefasta de los directivos y su falta absoluta de profesionalidad provocó el mantenimiento de una situación que debía haber acabado antes", señaló el Ministerio Fiscal, en línea con la sentencia de la Audiencia Nacional, que sostiene que su actuación ayudó a prolongar el "engaño" a la CNMV.

También criticó a Caja Madrid Bolsa por haber mantenido "actividades absolutamente incompatibles con la buena práctica bancaria porque permitió actuaciones ilícitas".

Respecto a los condenados a penas de prisión, las críticas más duras las dirigió el Fiscal contra la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, cuyos dietarios son "un diario de las anormalidades que iba cometiendo Gescartera".

Giménez-Reyna, condenada a tres años y medio de prisión, "no pasaba por allí, sino que había sido consejera, vicepresidenta y presidenta", manifestó el Ministerio Público, que también recriminó la "actitud absolutamente pasiva" que tomó y recordó que, "estando en la posición clave de presidenta, estaba obligada a garantizar que la actividad de Gescartera se adecuaba a la legalidad".

"La construcción de la responsabilidad civil es adecuada porque todos ellos, los ocho implicados, con su falta de profesionalidad colaboraron para mantener el engaño de la CNMV. Son todos parte de un todo generador de daños y perjuicios para los clientes", sostuvo el Ministerio Público.

Todos los condenados han recurrido ante el Supremo la sentencia, entre ellos, el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, que fue condenado a 11 años de prisión, y el número dos de la agencia, José María Ruiz de la Serna, que también se llevó una de las penas más altas: diez años y medio de cárcel.