El gobierno controlará más a los detectives y permitirá vigilancia privada en las cárceles

El Gobierno aumentará el control de los detectives y permitirá la vigilancia privada del perímetro de las cárceles, según se contempla en el anteproyecto de nueva Ley de Seguridad Privada, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó el contenido de este anteproyecto en la rueda de prensa posterior al encuentro semanal del Ejecutivo. Esta futura ley será enviada primero a la Agencia de Protección de Datos para su examen.
Fernández Díaz destacó que la seguridad privada en España es un “sector puntero”, que mueve 3.600 millones de euros al año y que da trabajo a unas 90.000 personas.
En este sentido, el ministro se refirió a que la actual Ley de Seguridad Privada, que data de 1992, había quedado “muy superada” por el desarrollo de la tecnología de la información y de las comunicaciones.
NORMA “INTEGRAL”
Por este motivo, Interior apuesta, en el anteproyecto aprobado este viernes, por una regulación “integral” de la seguridad privada. Se busca con la futura normativa establecer “mecanismos de colaboración intensos y eficaces” con las Fuerzas de Seguridad, así como acabar con el intrusismo, para lo cual se establecen graves sanciones.
Además, el ministro destacó que se regulan nuevos servicios surgidos en los últimos años, como la videovigilancia en inmuebles, en urbanizaciones o la vigilancia perimetral de las prisiones. Respecto a este último punto, Fernández Díaz explicó que Cataluña había pedido autorizar este servicio en las prisiones, algo que hará el Ejecutivo y permitirá que pueda extenderse al resto del país si es necesario.
Otro aspecto importante del anteproyecto es lo referido a la regulación de las agencias de detectives, para las que se fija mayor control y nuevas obligaciones. Entre estos nuevos requisitos está el documentar los encargos que se les hagan, así como mantener los informes realizados durante cinco años y las imágenes y vídeos durante un año, por su los reclamar las Fuerzas de Seguridad o un juez.
Al mismo tiempo, a través de un comunicado, Interior explicó que “la nueva Ley de Seguridad Privada será más estricta y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios”.
SANCIONES
El departamento que dirige Fernández Díaz también incidió en que “por primera vez” se regulan en una norma de rango legal nuevos servicios demandados por la sociedad, como “servicios de videovigilancia privada dentro de inmuebles”; gestión y respuesta de alarmas; vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales; servicios de planificación y asesoramiento; vigilancia perimetral de prisiones siempre bajo la dirección de las Fuerzas de Seguridad; e investigación privada.
El anteproyecto también establece un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, al tiempo que incluye, por primera vez, los centros de formación de personal.
Con el fin de acabar con el intrusismo, se aplicarán graves sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa. Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad.