El gobierno defiende ahora establecer un suelo mínimo de gasto social

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, defendió este miércoles el establecimiento de un nivel mínimo de gasto social para las administraciones públicas que garantice la calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en unas jornadas organizadas por UGT, Gómez aseguró que "es bueno que nuestro país cuente con un cierto suelo social que garantice un nivel mínimo de protección social y la potencialidad de sus servicios públicos".
El ministro valoró así la propuesta realizada en el marco de las mismas jornadas por el secretario general de UGT, Cándido Méndez. En su opinión es "una buena idea que debería de ser estudiada por el conjunto de los partidos políticos".
En este sentido, se comprometió a que el PSOE la estudiará de cara a las próximas elecciones generales.
Esta propuesta ya la formularon las organizaciones sindicales durante el debate previo a la reforma de la Constitución, cuando reclamaron que junto al límite al gasto público se incluyera un mínimo de gasto social. Sin embargo, la reforma no incluyó esta medida.
El ministro también coincidió con las tesis sindicales al subrayar que es más importante recuperar el crecimiento económico que ajustar las cuentas públicas.
Para Gómez, es necesario que España siga reduciendo su nivel de endeudamiento y de déficit público pero "sin abortar el crecimiento".
"No hay peor forma de ajustarse que a base de no crecimiento", aseveró el responsable de Trabajo, quien añadió que "la mejor forma de ajustarse es crecer".
En esta línea, insistió en que si ajustar y consolidar la economía, la deuda y el déficit "implica reducir el crecimiento y recaer en la recesión, creo que estaremos eligiendo el camino incorrecto".
Por esta razón, Gómez considera que Europa y España corren el riesgo de que "el crecimiento se detenga y de que incluso podamos conocer una nueva fase de recaída".
Por último, sobre la propuesta de las Cámaras de Comercio de retirar la prestación por paro a quien rechace varias ofertas de trabajo, el ministro subrayó que "ya hay penalización para las personas que rechazan empleo".
Sin embargo, hizo hincapié en que en este momento "el problema fundamental es el contrario", es decir, "que no hay ofertas de empleo".
Para el ministro, este tipo de medidas que penalizan a los parados que rechazan empleos son importantes ya que el paro "no es gratuito, lo pagan el conjunto de ciudadanos".
No obstante, apuntó que son medidas que tienen "mucho más efecto en las etapas de recuperación, cuando sí que hay ofertas de empleo y cuando hay un paro estructural que no es real". "No tiene sentido insistir ahora en ese tipo de políticas", concluyó.