El Gobierno defiende el derecho a la privacidad ante los casos de espionaje

Madrid, 28 dic.- El Gobierno ha asegurado que las autoridades públicas deben respetar "las libertades individuales y el derecho a la privacidad de las personas", así como asegurar "la protección de los datos de particulares y empresas", ante las informaciones sobres casos de espionaje de EEUU.

La intromisión en esos ámbitos debe ser, según el Ejecutivo, "excepcional, proporcional y en el contexto de la persecución de algún delito", además de estar sometida a control judicial porque "el secreto de las comunicaciones constituye un derecho fundamental" recogido en la Constitución.

En respuesta escrita a una pregunta del diputado de IU Gaspar Llamazares, el Gobierno recalca que "el concepto de seguridad nacional no equivale a la capacidad de ningún estado para ejercer un derecho ilimitado a la vigilancia secreta de los demás".

"La seguridad de un país no puede garantizarse ni defenderse a expensas de otros, sobre todo si éstos son aliados", ha añadido.

En este sentido, y ante la pregunta de Llamazares, el Ejecutivo señala que no tiene constancia de que se hayan producido escuchas telefónicas o intervenciones de las comunicaciones "fuera de los cauces establecidos por la legislación vigente".

"El Gobierno no ha podido constatar, con absoluta seguridad, que las informaciones aparecidas en los medios sean ciertas y veraces", afirma la respuesta publicada el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Además, recuerda que se han llevado a cabo actuaciones para "pedir aclaraciones y explicaciones" al Gobierno de Estados Unidos a raíz de las informaciones publicadas tras las filtraciones del ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden.

En la respuesta escrita se señala que el embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, se reunió el pasado 28 de octubre con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

Durante la reunión, según el Gobierno, el embajador se comprometió a despejar las dudas sobre las operaciones estadounidenses y a mantener una "comunicación abierta" con las instituciones españolas.

Por último, el Ejecutivo añade que la Fiscalía abrió diligencias informativas sobre "las supuestas operaciones de interceptación masiva de comunicaciones".