El gobierno defiende la financiación de rtve frente a las dudas de la ue

El Gobierno salió hoy en defensa del sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) al afirmar que es "razonable y equitativo" que las cadenas privadas que se han beneficiado de la supresión de la publicidad en el ente público contribuyan a su mantenimiento financiero.
El Ministerio de la Presidencia, que dirige Ramón Jáuregui, difundió un comunicado ante la decisión tomada por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea de presentar ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso de incumplimiento contra España por la Ley de Financiación de RTVE.
A su juicio, "el actual modelo de financiación de la televisión pública estatal, cuya aceptación por los ciudadanos es evidente, parte de la contribución razonable y equitativa a la Corporación por parte de aquellos actores económicos que se benefician de la supresión de la publicidad en la cadena pública".
"Es el caso de las televisiones privadas, pero también de los operadores de telecomunicaciones que difunden contenidos audiovisuales en los que se insertan contenidos publicitarios. La figura jurídica de la contribución para sostener un servicio público está contemplada en el ordenamiento comunitario", dice.
El Ministerio de la Presidencia asevera que "la Ley de Financiación de RTVE no vulnera la Directiva de Autorización comunitaria, porque la contribución de las operadoras de telecomunicaciones no se extiende a todas ellas, sino sólo a las que difunden contenidos audiovisuales".
El Gobierno cree que "esta contribución de las operadoras de telecomunicaciones no puede considerarse como una doble imposición" porque "la propia Comisión Europea no descarta la imposición de tasas a este tipo de operadores cuando el hecho imponible no es exclusivamente la condición de operador de comunicaciones electrónicas".
Por eso, el Ejecutivo de Zapatero "espera, como ha sucedido recientemente en la Sentencia C-85/10 sobre materia audiovisual (canon del espectro) que el Tribunal de Justicia reconozca la autonomía fiscal de nuestro país y declare la compatibilidad del gravamen con el derecho comunitario, y para ello trabaja ya la Abogacía del Estado".