Madrid, 13 mar.- El Gobierno prevé endurecer las penas para diez delitos relacionados con la corrupción, además de aumentar los plazos de prescripción de los mismos, en el marco de las reformas legislativas que va a acometer para intentar poner fin a esta lacra.
El estudio de las modificaciones necesarias en el Código Penal correrá a cargo de la comisión creada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros y que se ha reunido hoy por vez primera en el Palacio de la Moncloa encabezado por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta, según ha informado el Gobierno, ha instado hoy a este grupo a cerrar espacios a la corrupción en la vida pública y le ha encomendado un paquete normativo que afecta a seis leyes.
Además de la reforma del Código Penal, deberán trabajar sobre la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos, la ley del Tribunal Cuentas, la ley de contratos del sector público, la ley reguladora del ejercicio de las funciones políticas y la ley de enjuiciamiento criminal.
La reforma del Código Penal, según ha avanzado el Ejecutivo, afectará a los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos.
Además, se aumentarán los plazos de prescripción para todos esos delitos.
Entre otras reformas previstas, en la relativa a la ley de contratos del sector público, se fortalecerá el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.
El grupo que trabajará en el cometido encargado por la vicepresidenta está coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
Además, lo integran el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, y representantes de primer nivel de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que este trabajo es una prioridad para el Gobierno tras el aval del Congreso a las medidas avanzadas por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación.
Además, ha recordado que el impulso de estas decisiones no es sólo tarea del Gobierno, sino también de los grupos parlamentarios.
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