El Gobierno español y los partidos políticos responden a ETA que se disuelva

  • El Gobierno español y los partidos políticos exigieron hoy a ETA que anuncie su disolución definitiva, en respuesta al comunicado en el que la organización terrorista pide al Ejecutivo una negociación.

Bilbao (España), 25 nov.- El Gobierno español y los partidos políticos exigieron hoy a ETA que anuncie su disolución definitiva, en respuesta al comunicado en el que la organización terrorista pide al Ejecutivo una negociación.

En un comunicado publicado este domingo en el diario vasco Gara, vía utilizada habitualmente por ETA para difundir sus declaraciones, la organización terrorista advierte de que España y Francia "pueden frustrar la oportunidad de paz" y afirma que existe un "riesgo real" de "dejar sin salida el proceso.

Señala, además, que ha habido una "involución" en el año transcurrido desde que en octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de su actividad armada.

ETA pide en el texto negociar sobre el desarme, los presos y la "desmilitarización" del País Vasco, y se muestra dispuesta a hablar del reconocimiento del daño que ha causado a las víctimas en las negociaciones que demanda abrir con el Gobierno, al que también exige que reconozca "los crímenes que ha cometido" con miembros de la organización terrorista.

Sobre estas consideraciones, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que el Gobierno no ha negociado ni va a negociar con ETA, de la que solo espera su "disolución incondicional".

"Ni hemos negociado ni vamos a negociar en absoluto con una organización terrorista, y el único comunicado que espera y exige el Gobierno, y trabaja para ello, es su disolución incondicional", señaló.

Para el portavoz del Partido Socialista en el País Vasco, (PSE-EE), José Antonio Pastor, las demandas de ETA, "tienen poco de nuevo, son propias de otra época y no se corresponden con la realidad actual".

También dijo, en declaraciones a EFE, que esperan de ETA el anuncio de su desaparición definitiva y el desarme unilateral.

Íñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que recobró el gobierno regional vasco tras las pasadas elecciones, afirmó que la "consolidación del tiempo y el camino a la paz y la convivencia" no se consigue con comunicados que "no indican el final" sino trabajando con discreción.

Para la izquierda proindependentista vasca, presente en el Parlamento regional y en otras instituciones locales, "no hay ninguna duda de la irreversibilidad" de la decisión de ETA de cesar su actividad armada.

En este sentido, consideran que el último comunicado publicado es una "aportación de primer orden" hacia la paz ante el inmovilismo de los Gobiernos de España y Francia.

La portavoz de este movimiento, Maribi Ugarteburu, señaló, asimismo, que no debe interpretarse como una posible vuelta a las armas el aviso de ETA de que el proceso de paz se puede "frustrar" ante la falta de avances por parte de los Estados español y francés.

El presidente del Partido Popular (PP) en el País Vasco, Antonio Basagoiti, dijo que el Gobierno central "no va a dar nada" a ETA a cambio de su desaparición y advirtió a la banda terrorista de que "o se disuelve o se la disuelve".

Para el portavoz del partido Unión, Progreso y Democracia ( UPyD) en el País Vasco, Gorka Maneiro, el comunicado de ETA es "un chantaje inaceptable propio de totalitarios".

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, calificó en su cuenta personal de Twitter la declaración de "más papel mojado" y aseguró que "no hay nada que negociar con terroristas asesinos".

ETA declaró el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 tras cinco décadas de acciones terroristas, en las que ha asesinado a más de 850 personas en su busca de la independencia del País Vasco.

Desde entonces, ha pedido en varias ocasiones abrir una negociación para cerrar el proceso y buscar una salida a sus presos.

En la actualidad hay unos 700 presos etarras en cárceles de varios países, la mayoría en España - unos 500 -, y en Francia.

El Gobierno español presidido por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, exige la disolución total de la organización terrorista y la entrega de las armas sin condiciones.

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