El Gobierno ignora a los expertos a los que consultaba la Ley de Transparencia

Hace menos de un mes, el Gobierno designaba a un comité de expertos para analizar el borrador del anteproyecto de Ley de la Transparencia y que le asesorara en su elaboración.La primera reunión se celebró el pasado 26 de abril, la segunda este jueves y había previstas dos reuniones más.El Gobierno sorprendía este viernes a propios y extraños anunciando que había incorporado las aportaciones realizadas por los ciudadanos en el periodo de consulta pública y que enviaba el borrador a los órganos consultivos y a la Agencia de Protección de Datos."Estamos soprendidos y molestos" asegura Victoria Anderica, de Access Info Europe, ONG ligada a la Transparencia que participaba en este grupo de expertos."¿Para qué tienes a gente reconocida trabajando gratis en el borrador si luego no cuentas con ellos?", añade. Este mismo jueves el comité de expertos celebró la última reunión y, según Anderica, no se les anunció nada por parte de los representantes del Gobierno respecto a la la decisión que iba a tomar el Consejo de Ministros unas horas más tarde.Esta comisión de expertos, que se formó a través del Centro de Estudios Políticos, y Constitucionales -dependiente del Ministerio de la Presidencia- está formada por economistas, sociólgos, politólogos, catedráticos, profesores y miembros de la Administración. Consulta los miembros aquíLas dos próximas reuniones estaban previstas para el 24 y 31 de mayo, que ahora están en el aire."Si has creado y convocado a un grupo de expertos ¿por qué no les haces caso y por qué sacas adelante una ley cuando aún no han acabado sus trabajos?" se preguntan desde Access Info Europe.Las novedades de la leyEste viernes el Consejo de Ministros analizaba un informe sobre la Ley de Transparencia tras la incorporación de algunas de las aportaciones que los ciudadanos han realizado a través de la web creada a tal efecto: www.leytransparencia.gob.esSe recibieron casi 3.700 contribuciones en poco más de 15 días.Entre las novedades incluidas a raíz de la consulta pública, destaca que también estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos públicos y los colegios profesionales.
Además, se amplía la información que tendrá que ser pública a los informes de auditoría y los contratos menores.
El Gobierno dijo ayer que reforzará la Agencia de la Transparencia, el organismo que velará por el control de esta futura norma, estableciendo que el nombramiento de su presidente sea similar a de los organismos reguladores.
Otra novedad importante es que Hacienda podrá sancionar a aquellos políticos que incumplan el déficit, así como la Ley de Transparencia.

La ley tardará en ser una realidad
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó tras el Consejo de Ministros, que el anteproyecto se enviará ahora a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado.
Según sus cálculos, la norma llegará a las Cortes en el próximo periodo de sesiones, que comienza a partir de septiembre. Y aunque la parte de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día de la publicación de la ley en el BOE, la parte de Transparencia tardará un año en ser efectiva una vez sea aprobada.
Es el tiempo que da el Gobierno para adaptar las aplicaciones informáticas para subir toda la información que deberá ser pública en la Red. Sáenz de Santamaría destacó este viernes que en otros países, como Reino Unido, se dio un plazo de cinco años para poner en marcha la ley de transparencia.