El gobierno permite la extradición a argentina de dos acusados de crímenes de lesa humanidad

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acordó hoy la continuación del procedimiento de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa, que residen en Madrid.
Según informó Justicia, estos ciudadanos están acusados en Argentina de un delito de asociación ilícita por su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU). Los crímenes de lesa humanidad de los que se les acusa fueron cometidos durante los años de la dictadura en este país sudamericano.
Arenaza y Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y argentina, formaron parte de dicha organización ilícita, que actuó entre los años 1975 y 1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina).
La CNU se encargaba de realizar distintos actos delictivos contra opositores al régimen militar argentino, tales como asesinatos, secuestros, robos violentos, falsificaciones de matrículas de vehículos o documentos públicos, así como coacciones e intimidaciones.
Esta organización extremista estuvo ligada a las Juventudes Peronistas y actuó como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y objetos contundentes para intimidar a los movimientos estudiantiles.
Las autoridades argentinas han argumentado en su petición que sus actos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, no sujetos, por lo tanto, a prescripción, por lo cual han solicitado su captura internacional.
En la actualidad, ambos se encuentran en Madrid, en situación de libertad provisional decretada por la Audiencia Nacional.