El Gobierno prohíbe las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas

Los rodeos al Congreso y a los parlamentos autonómicos sólo seran considerados infracción grave cuando ocasionen un perjuicio grave de la seguridad ciudadana y las retenciones en comisaría no podrán superar las seis horas.

Estas son algunas de las medidas incorporadas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ayer aprobó el Consejo de Ministros, que finalmente ha incorporado buena parte de las sugerencias de los jueces y fiscales. La norma reforma a la que estaba vigente desde 1992, que era conocida como 'Ley Corcuera' o 'Ley de la patada en la puerta'.

La primera propuesta del Gobierno había recibido duras críticas de la oposición, del mundo judicial y. también, de las ONG. Sin embargo, era una base de trabajo que finalmente ha considerado los informes no vinculantes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

El Ministerio del Interior ha entendido que los citados informes, pese a que no eran vinculantes, debían tenerse en cuenta ya que la norma es especialmente delicada. El siguiente paso es la remisión a las Cortes del proyecto.

El nuevo texto, efectivamente, se ha suavizado de forma considerable, retocando artículos que según algunos rozaban la inconstitucionalidad, y ha conseguido, en principio, equilibrar los derechos y garantías de los ciudadanos, pero tambien proteger las actuaciones de la policiales en la calles.

La Ley de Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55. El borrador anterior tenía 58 infracciones y el proyecto actual recoge 47.

Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal, en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se aprueba hoy.

La cuantía de las sanciones se mantiene igual. Las infracciones muy graves serán castigadas de 30.001 euros a 600.000, las graves con entre 601 a 30.000 euros y las leves con multas de 100 a 600 euros. Hay una novedad para las sanciones: para las infracciones muy graves y graves las multas se dividirán en tres tramos correspondientes a los grados mínimo, medio y máximo.Las claves del proyecto

El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Respecto a las manifestaciones, el nuevo texto no modifica la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.

Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, según el Gobierno,"con mayor calidad jurídica", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje" en la Constitución.

Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto está la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas.

Una diligencia que sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre "por el tiempo estrictamente necesario" -según el Ejecutivo-, que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto.

Además, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado deberán expedir un volante acreditativo del tiempo de permanencia en dependencias policiales.

Actualmente, la detención no tiene un límite temporal. Se trata de una inmovilización de carácter provisional -el menor tiempo posible- que las Fuerza de Seguridad pueden llevar a cabo en tres supuestos: en el cacheo, en las pruebas de alcoholemia y en la identificación policial.

También se regula por primera vez la práctica de los registros corporales externos, más conocidos como cacheos, y que estarán sometidos a los principios de no discriminación e injerencia mínima.

Como norma general se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad.

El uso de imágenes o datos de policías sólo será infracción si pone en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.

En cuanto a la prostitución, en el borrador anterior se sancionaba a quienes ejercieran la prostitución cerca de colegios o lugares frecuentados por menores, así como a sus clientes. Ahora sólo se sancionará a los clientes. En cualquier caso. la conducta no será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos.

Se mantiene el registro central de infractores contra la seguridad ciudadana para controlar a los multirreincidentes. En cuanto a la publicidad de las sanciones, como solicitó el Consejo General del Poder Judicial, no se dará publicidad a las sanciones impuestas a reincidentes.Se mantienen algunas críticas

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, manifestó que el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana es "muy de derechas", porque recorta libertades públicas y no garantiza la seguridad de los ciudadanos.

López se mostró "radicalmente en contra" de este proyecto de ley, que asegura que no es un texto que garantice "la seguridad de los ciudadanos", sino "todo lo contrario".