El gobierno prohibirá las subvenciones a partidos políticos que tengan deudas con la seguridad social

El Consejo se Ministros aprobó este viernes un paquete de 40 medidas destinadas a favorecer la regeneración democrática, entre las que destacan que los partidos políticos con deudas en la Seguridad Social no podrán recibir subvenciones públicas y que reforzará el control de las cuentas financieras.
Así lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien destacó que esta reforma es una "demanda social" que incluye algunos cambios en el Código Penal para endurecer las sanciones contra los políticos que cometan algún delito relacionado con la corrupción.
Sáenz de Santamaría negó que estos cambios vengan motivados por la polémica que desde hace meses salpica al PP por el 'caso Barcenas'. Indicó que "no hay que buscar conexión" entre la reforma y el escándalo provocado por el extesorero de los populares y adujo que el propósito del Gobierno ha sido reforzar las medidas contra la corrupción.
Este plan de regeneración de la democracia se divide principalmente en tres bloques: control de la actividad económica de los partidos políticos, delimitación de tareas de los cargos públicos e incremento de los castigos contemplados por el Código Penal contra los corruptos.
Sobre el control de los partidos políticos, Sáenz de Santamaría detalló que se obligará a que el tesorero comparece anualmente en el Parlamento para explicar sus cuentas, que todos los partidos -incluso los que no reciben subvenciones- tengan que enviar su finanzas al Tribunal de Cuentas, que tengan que hacer públicas las subvenciones que reciben, que los estatutos contemplen un procedimiento riguroso para la aprobación de cuentas y que se refuerce el Tribunal de Cuentas para realizar sus labores en colaboración con la Agencia Tributaria.
También obligará a que haya directrices claras de contratación en los partidos, que las fundaciones vinculadas a formaciones políticas tengan que estar registradas como tales para reforzar su control y obligar a los partidos a cumplir con sus obligaciones en la Seguridad Social. Si no lo hacen, no podrán recibir subvenciones públicas.
En cuanto a los cargos públicos, Sáenz de Santamaría enumeró una larga lista de medidas para clarificar sus tareas, derechos y obligaciones, de manera que se incremente la transparencia. Entre otras cosas, se establecerá que los gastos de representación sólo puedan usarse para cuestiones de protocolo y funcionamiento y se obligará a justificar los gastos diarios cuando quieran ser reembolsados.
La vicepresidenta del Gobierno subrayó que, en la práctica, esto ya es así pero explicó que se quiere establecer por ley para que no haya dudas. En este sentido, indicó que también se prohibirá que los ministerios tengan tarjetas de crédito para uso de los altos cargos, a pesar de que actualmente no se utilizan.
En cuanto a la reforma del Código Penal, que a continuación explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Sáenz de Santamaría señaló que el plan de regeneración democrática también incluye medidas importants para endurecer las sanciones a los políticos que cometan delitos de corrupción.