El Gobierno recurre al TC la ley que prohíbe el "fracking" en La Rioja

  • El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de La Rioja en la que se prohíbe en dicha Comunidad la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas convencional, conocida como "fracking".

Madrid, 21 mar.- El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de La Rioja en la que se prohíbe en dicha Comunidad la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas convencional, conocida como "fracking".

El Consejo de Ministros ha aprobado la presentación del recurso, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución para la suspensión de la ley, aprobada por el Parlamento riojano el verano de 2013.

El artículo 1 de esa norma prohíbe la investigación y extracción de gas esquisto o no convencional en La Rioja y el almacenamiento geológico en el supuesto de que haya que utilizar la técnica de fractura hidráulica o "fracking".

El Gobierno considera que este precepto es inconstitucional porque corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma y en las zonas de subsuelo marino.

Argumenta el Ejecutivo que la ley de La Rioja, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del "fracking", vacía de competencias al Estado en materia de hidrocarburos.

A su juicio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales.

El Gobierno expone que la normativa estatal es conforme a la normativa de la Unión Europea, que no prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional.

Y recuerda que la Comisión Europea adoptó el 22 de enero de 2014 una recomendación que establece los principios que deben aplicarse por parte de los Estados para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen "fracking", utilizada en particular en operaciones con gas de esquisto o no convencional.

En España la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.

El Gobierno considera que los restantes preceptos de la ley son inconstitucionales por conexión.

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