El Gobierno y la Fiscalía pueden recurrir las listas de Bildu hasta este jueves

Madrid.- El Gobierno y la Fiscalía tienen de plazo hasta el jueves para presentar un nuevo recurso contra las candidaturas de Bildu si creen que hay nuevos datos que muestran que la coalición incumple la ley de partidos, según la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, se ha mostrado convencido de que la Abogacía del Estado analizará la fotografía el expreso de ETA Ander Errandonea Arruti, quien ha enarbolado una pancarta de Bildu tras salir hoy de prisión, y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado al Gobierno a aplicar la ley e impedir que la coalición esté en las elecciones.

Según la reforma de la LOREG, el Gobierno y el Ministerio Fiscal pueden interponer un recurso ante la sala especial del Tribunal Supremo si durante la campaña electoral tienen "conocimiento de circunstancias" que indiquen que alguna lista es heredera de una formación declarada ilegal en aplicación de la Ley de partidos.

El nuevo plazo para presentar este recurso concluiría "el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria" de las elecciones, este jueves, y el Supremo tendría tres días para resolverlo.

En el caso de que Bildu pidiera de nuevo el amparo del Tribunal Constitucional, éste debería adoptar una decisión definitiva antes de las 24 horas del viernes 20 de mayo, justo antes de que comience la jornada de reflexión, día previo a las elecciones.

Después de que el Tribunal Constitucional acordara permitir que Bildu concurra a las elecciones del 22 de mayo, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, garantizó que el Ejecutivo aplicaría la ley y recordó al PP que fue precisamente el Gobierno quien impulsó la reforma para que se pudiera ilegalizar una formación política incluso durante la campaña electoral.

La reforma de la LOREG fue un paso más allá y abrió la puerta a lo que se ha llamado "incompatibilidad sobrevenida", que podrá aplicarse a los cargos electos de una formación que se ilegalice si, en un plazo de quince días, no presentan una declaración "voluntaria e indubitada" de rechazo a la causa por la que fue ilegalizado su partido.